La consellera Montón presenta en Les Corts Valencianes el Decreto Ley que devuelve la universalidad a la sanidad

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha comparecido hoy en Les Corts para presentar el primer Decreto Ley aprobado por el Consell en la presente legislatura, para su debate y convalidación, el Decreto Ley 3/2015, por el que se devuelve el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.

Montón ha destacado que la norma defiende el derecho fundamental a la salud de todas las personas "con el mismo espíritu que lo hiciera hace 30 años Ernest Lluch en defensa de la universalización de la asistencia, porque todos los ciudadanos por el hecho de serlo tienen derecho a ella". Para Carmen Montón, "en cuestiones de salud, no hay inmigrantes y nacionales, hay personas, y la sanidad universal no debería tener exclusiones de ningún tipo, porque las enfermedades no entienden de fronteras ni de permisos de residencia".

La Consellera ha repasado los antecedentes, cuando hace tres años el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el Real Decreto 16/2012, "que recortó el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular, a quienes excluyó del acceso a la red pública normalizada, reforma sanitaria que supuso un cambio de modelo, del modelo de la unversalidad al modelo del aseguramiento".

Montón ha calificado esta medida de "cruel" y ha resaltado que el gobierno quiso justificarla, amparándose en un "supuesto ahorro económico que iba a generarse dejando de lado las personas más vulnerables y que jamás fue avalado por informe alguno".

Según la titular de Sanitat, la realidad es que "la exclusión sanitaria no se justifica ni desde el punto de vista económico, ni de salud pública y menos de los derechos humanos, sino que es producto de un modelo ideológico de exclusión, discriminación y desigualdad". Montón ha cifrado en 127.000 el número de personas a las que afectó la medida en la Comunitat Valenciana, Comunidad en la que, según la responsable sanitaria, "el Gobierno del PP aplicó el Decreto 16/2012 con ensañamiento, dado que se ha llegado a facturar por la atención sanitaria a la que tenían derecho de forma gratuita a mujeres embarazadas, niños y pacientes de urgencias".

Compromiso urgente

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha resaltado que, para el Consell, "la atención sanitaria universal era un compromiso que había que abordar con urgencia, un compromiso de decencia política y ética democrática y que fue subrayado en el Pacto del Botánico".

El nuevo Decreto Ley garantiza, por un lado, el derecho a acudir a cualquier centro de la sanidad pública en caso de un problema de salud, así como la asignación de un médico de familia, que permitirá garantizar la continuidad de todo proceso asistencial. También conlleva la posibilidad de beneficiarse de todos los métodos diagnósticos, preventivos y terapéuticos que ofrece la red de centros de Atención Primaria y Especializada.

Además, ofrece la prestación farmacéutica y ortoprotésica a través de prescripción en receta oficial, en igualdad de condiciones que cualquier usuario. Asimismo, con el fin de garantizar la continuidad de los tratamientos farmacológicos o cuando esté indicado por motivos de salud pública, el Consell otorgará ayudas de carácter social a aquellas personas en condiciones económicas más precarias.

La tramitación se realiza en el centro de salud del solicitante a través de un procedimiento sencillo. Para ello, el beneficiario deberá acreditar un mínimo de tres meses de empadronamiento, ser mayor de edad, no estar registrado ni autorizado a residir en España, y carecer de cobertura sanitaria en nuestro país por parte de un seguro, mutua o tercer país al que se pueda facturar por la atención.

En todo caso, la medida contempla un procedimiento especial, con participación de los trabajadores sociales, cuando el ciudadano no pueda acreditar su empadronamiento o cuando justifique la dificultad para la obtención de los documentos requieridos. Y, en general, cuando se deban de extender las condiciones de acceso a personas sin distinción de origen, procedencia y circunstancias de la residencia efectiva.

La tarjeta tendrá una vigencia de dos años y será renovable mientras se mantengan las condiciones que permitieron acceder a ella.

Monton ha recordado como el "fracasado Programa de Atención a la Salud apenas permitió incorporar al 5% de las personas que fueron excluidas".

Sin embargo, el decreto de universalidad de la atención ya ha permitido que "en algo más de un mes de funcionamiento sean más de 2.800 personas las que han accedido a una atención sanitaria normalizada, de las 30.000 que estimamos que se beneficiarán de la medida", ha resaltado Carmen Montón, quien también ha aseverado que "en estos meses, el Gobierno de la Comunitat ha sido referencia en España por devolver derechos y defender la salud de las personas, dando solución a un problema que creó el Gobierno de Rajoy en 2012 .

Agradecimiento a profesionales sanitarios y organizaciones sociales

Por último, la consellera de Sanitat Unviersal i Salut Pública ha descrito el Decreto Ley 3/2015 como "el primer paso en la estrategia política que el Consell ha llevado adelante de cara a recuperar los derechos eliminados en los últimos años" y ha anunciado que "mantendrán el esfuerzo mientras no se deroguen todas y cada una de las normas que han hecho de esta una Comunidad más injusta y más desigual".

Asimismo, Carmen Montón ha agradecido su labor a los profesionales sanitarios y a las organizaciones sociales "que en estos tres años han luchado contra la exclusión sanitaria, que han visto en primera línea los efectos y el sufrimiento que han provocado los injustificables y crueles recortes del Gobierno del PP en España y en la Comunitat Valenciana, y que han tenido que afrontar las deficiencias del sistema".

Montón ha recordado que, dando ejemplo de civismo, constituyeron el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana, plataforma desde la que han dado soluciones a las personas que fueron excluidas. "Gracias a su labor hemos sabido que al menos más de un millar de inmigrantes han visto cómo se ha dificultado o impedido su acceso a la atención sanitaria en un centro de salud o un hospital de la Comunitat, lo que representa más de una persona al dia a la cual se le ha obstaculizado ejercer un derecho fundalmental, el derecho a la salud", ha indicado la consellera.