Un gato murió tras ser estampado contra un vehículo. EPDA La convivencia en la urbanización Play Puig se ha deteriorado en el último año “hasta límites insoportables”.
Así lo denunciaban esta semana vecinos de esta comunidad de El Puig de Santa Maria, conformada por 840 viviendas, que hablan de “amenazas, insultos, humillaciones e, incluso, alguna agresión física que ha sido denunciada en los juzgados”, dijeron. Un ambiente que está motivando que algunos de los afectados se
planteen pasar el verano en este idílico paraje de L’Horta Nord.
Entender el origen de esta delicada situación supone remontarse mucho tiempo atrás. Los vecinos de esta urbanización han mantenido distintos pleitos con la administración motivados por cuestiones como que, desde hace años, están pagando sus impuestos mientras se ven obligados a hacer otros desembolsos importantes para costear los servicios básicos de Play Puig.
El agua potable, el alumbrado público y, en general, servicios necesarios que sufragan pero no reciben están
en el centro de la polémica. Tras litigar en los tribunales de justicia, el Ayuntamiento de El Puig, gobernado en ese momento por el popular José Miguel Tolosa, propuso en julio del pasado año 2010 un Plan de Reforma Interior (PRI), con el fin de ordenar urbanísticamente la zona y solucionar problemas como los reseñados.
Un mes después, los vecinos de Play Puig dieron luz verde al PRI (más conocido como PAI) en junta extraordinaria, pero a finales de 2012 un vecino de la urbanización presentó en las dependencias municipales un total de 400 firmas contrarias al PAI con argumentos como que las notificaciones no se habían hecho de manera individualizada a cada propietario. Comenzó la batalla entre partidarios y detractores. El Consistorio dio marcha atrás y paralizó la actuación urbanística en 2014.
Mientras tanto, la guerra sigue en casa. Las maniobras para hacerse con la presidencia de la comunidad se suceden. Parte de los vecinos, partidarios de la actuación urbanística promovida por el Consistorio, aseguran que están siendo las víctimas de una deteriorada convivencia que les provoca “indefensión y miedo”. “Además de las amenazas, los insultos y las humillaciones públicas se han vivido episodios aún más graves como la agresión física a un vecino de la urbanización o el incidente con un vehículo en el que aporrearon a un gato contra la luna hasta matarlo y destrozar el automóvil”, relataron los afectados.
Los denunciantes creen que existe un grupo de vecinos que “aprovecha el tema del PAI para dividir a la comunidad y tener el poder, que al final significa manejar el dinero”, remarcaron.
Este periódico intentó recabar la opinión sobre esta problemática de la actual presidenta de la comunidad de vecinos de la urbanización, que no quiso hacer declaraciones al respecto.
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