Cooperativa de Viver. Foto: Archivo La
Cooperativa de Viver acaba de incorporar 56 nuevas hectáreas a su Iniciativa de
Gestión Común (IGC) de tierras de cultivo con las que suma un total de 103
hectáreas cedidas por socios que ya no pueden o no desean ocuparse de ellas. De
esta forma, la cooperativa evita que las parcelas caigan en desuso, e incluso
recupera las que ya lo están, al tiempo que mantiene su capacidad productiva,
promueve el relevo generacional en el sector agrario y conserva el territorio a
través de la preservación del mosaico agroforestal.
De
momento son una decena de socios de la cooperativa los que han aportado sus
tierras mediante contratos de cesión a largo plazo. El modelo de IGC que
promueve la Cooperativa de Viver se basa en la recuperación de campos
abandonados o en riesgo de abandono para incrementar la producción propia a
partir de una dirección técnica única y con un equipo joven profesionalizado,
asegurando la máxima calidad del producto desde el origen y mejorando su
rentabilidad. De esta manera la cooperativa puede establecer su propio plan
estratégico de producción y asegurar las buenas prácticas agrícolas al disponer
de la gestión directa de la tierra.
Una fórmula eficiente
La
Comunidad Valenciana es la región donde más tierras de cultivo se abandonan a
nivel nacional, con una superficie agrícola total en desuso de 173.676
hectáreas, según la última Encuesta sobre Superficie y Rendimiento de los
Cultivos publicada por el Ministerio de Agricultura. El minifundismo propio del
territorio valenciano, que dificulta la rentabilidad dado el reducido tamaño de
las explotaciones agrícolas, junto con la falta de relevo generacional,
favorece especialmente el abandono de tierras de cultivo. Cuando estas tierras
pertenecen a socios de cooperativas, son estas entidades las que pueden ver
comprometida su sostenibilidad económica al sufrir una reducción de su
producción y consecuentemente de sus ingresos mientras aumentan sus costes
fijos.
Las
Iniciativas de Gestión Común (IGC) de tierras de cultivo surgen así como una
fórmula innovadora en zonas rurales lideradas principalmente por cooperativas
agroalimentarias para hacer frente a este escenario amenazador. Distintas
experiencias, como la llevada a cabo por la Cooperativa de Viver, ya han puesto
de manifiesto la mejora de la eficiencia de la agricultura y del uso sostenible
del suelo, a la vez que contribuyen a fijar la población gracias a la creación
de empleo. Además, los campos siguen siendo titularidad de los socios, lo que
facilita las gestiones administrativas para la puesta en valor de las tierras.
Viver,
la excepción agraria
La
Cooperativa de Viver, en su afán por mantener vivo el territorio y promover una
agricultura sostenible a todos los niveles, se mantiene abierta a nuevas
propuestas de incorporación a su IGC con el fin de evitar el abandono de
tierras y seguir siendo un motor económico para la comarca del Alto Palancia.
De hecho, Viver es la orgullosa excepción dentro de un mundo agrario en
constante decadencia. Mientras la agricultura valenciana ha descendido el
15,1%, el sector agrario ha crecido en Viver el 4,1% en superficie neta, y
además lo ha hecho con una modernización absoluta al transformar el secano en
regadío, con un incremento este último de un 163,3% hasta alcanzar las 490
hectáreas, según datos del Instituto Valenciano de estadística (IVE).
Esta
cifra contrasta con la disminución de superficie agraria que, de forma general,
ha sufrido la comarca del Alto Palancia entre 2002 y 2021, llegando a reducirse
en un 21,6%. Alimenta este dato la disminución de tierras de cultivo en las
poblaciones vecinas como Altura, donde a pesar del aumento de superficie de
regadío, la superficie agraria total ha descendido un 11,7% en ese mismo
periodo; Jérica, donde se ha reducido en un 28,2%; o Segorbe, con un 26,5% menos
de superficie agraria neta, lo que convierte a Viver en una salvedad dentro del
sector. Las contrataciones en el sector agrícola en Viver también son una
muestra de esta excepción al haber aumentado un 2,1% entre marzo de 2021 y
marzo de 2022, según las últimas cifras del Portal d’Informació ARGOS de la
Generalitat Valenciana, elaborados conjuntamente con los servicios públicos de
empleo, en contraposición al descenso de contratos agrícolas registrados a
nivel provincial, donde se ha producido una caída interanual del 4,75%, y del
conjunto de la Comunidad Valenciana, donde la bajada ha sido del 1,4% respecto
al año anterior.
En
defensa del territorio
La
IGC de la Cooperativa de Viver favorece así el liderazgo económico que la
entidad representa para la comarca del Alto Palancia. La agricultura en el
municipio supone un valor directo de unos 6 millones de euros anuales, lo que
se traduce en un promedio de 4.125€ anuales por hectárea. La comercialización
de las producciones agrarias en torno a la Cooperativa de Viver refleja el
incremento progresivo del valor de las principales cosechas (olivo, almendro,
nogal y viña) en los últimos 15 años, llegando a alcanzar los 2,3 millones de
euros.
Las 100 hectáreas de tierras de cultivo que ya
gestiona la cooperativa bajo la fórmula de IGC demuestran una apuesta segura y
sostenible por el territorio frente a otras iniciativas que atentan contra la
agricultura en Viver como es el macroparque fotovoltaico que pretendía
instalarse sobre una superficie equivalente de parcelas en producción. Este
proyecto, promovido por la mercantil Proyecto Fotovoltaico Aicrum-1-SL sin un
análisis real y exhaustivo de su impacto a nivel económico, social y ambiental
y sin participación pública, supondría la eliminación del 7% de la agricultura
local y el 15% de las infraestructuras de riego que abastecen los campos,
generando una pérdida significativa de empleo e ingresos locales y, en
consecuencia, un freno al crecimiento de la población local.
Ante
la amenaza que supone este proyecto para una de las pocas experiencias de éxito
de la agricultura en el interior de la Comunitat Valenciana como es el caso de
Viver, contraviniendo además el espíritu de la Ley de Estructuras Agrarias de
la Comunidad Valenciana y de la política de la Generalitat Valenciana contra la
despoblación, las IGC se erigen como la fórmula definitiva en manos de las
cooperativas agroalimentarias para defender el uso sostenible del territorio
sobre la base de una agricultura eficiente, capaz de constituirse en motor
socio-económico y garante medioambiental de los municipios que acogen estas
iniciativas.
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