Protestas durante el juicio del "Caso Blasco".
La
Coordinadora Valenciana de ONGD ha calificado hoy de “decepcionante
e indignante” la sentencia del Caso Blasco hecho pública por la
Audiencia Provincial de València, por la que se condena a penas que
han calificado de “ridículas” al ex conseller Rafael Blasco, el
empresario César Augusto Tauroni y a otros 19 de los 24 acusados por
la trama de desvío de fondos destinados a proyectos de cooperación
con más de una decena de países empobrecidos.
“El
tribunal ha sentenciado que la trama encabezada por Blasco y Tauroni
fue real. Hay decenas páginas que detallan cómo trampeaban
los
procedimientos para adjudicar proyectos de cooperación a falsas
ONGD, que identifican
al
menos 27 empresas radicadas
en España y EEUU, a los que los testaferros de Tauroni desviaban el
dinero de las subvenciones públicas para cooperación. Y así un
largo etcétera de hechos delictivos probados, para los que se
imponen penas mínimas. Estamos perplejos”, ha afirmado Lourdes
Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce
la acusación popular en el caso.
Los
representantes de las ONGD han anunciado que, tras estudiar en
detalle la sentencia, recurrirán
ante
el Tribunal Supremo
“para
que las penas impuestas a los acusados se correspondan con la
gravedad de los delitos que ellos mismos y el tribunal han
reconocido”.
Atenuantes
incomprensibles
En
particular, a juicio de la Coordinadora, resulta incomprensible que
se apliquen a todos los condenados atenuantes como los de “dilación
indebida” del procedimiento, cuando los retrasos han sido a causa
de los recursos que han interpuesto a cada paso sus propias defensas,
el de “reparación del daño causado”, cuando los condenados han
devuelto una ínfima parte del dinero robado, así como la “confesión
tardía” cuando la mayoría de los condenados se negaron a declarar
en el acto del juicio. También es sorprendente que la sentencia no
se ocupe de cuantificar con exactitud la cantidad del dinero que
defraudaron los condenados, cuestionando el criterio de los peritos.
“Consideramos
absolutamente
insuficientes y de
dudosa
validez
los
bienes que han ofrecido los condenados para resarcir a la ciudadanía
valenciana
por
el dinero destinado a proyectos de cooperación internacional que
desviaron en su propio beneficio. Son bienes que o no son de su
propiedad o están embargados a cuenta de lo que tienen que pagar por
otros juicios en los que han sido condenados antes”, explica
Lourdes Mirón.
“Esta
sentencia no garantiza
que
los responsables de esa trama corrupta, una de las más inmorales que
hemos sufrido en la Comunitat Valenciana,
devuelvan
el dinero robado o vayan a la cárcel
como
corresponde con la gravedad de los delitos que han cometido, que
incluyen la malversación
de fondos públicos, la prevaricación, el fraude de subvenciones y
la falsedad documental, entre otros. El mensaje que se está enviando
es el de impunidad y el de que cometer delitos de guante blanco sale
muy barato”,
añade la presidenta de la Coordinadora.
La
Coordinadora ha querido recordar que éste no era un caso de
corrupción más. “Ha sido una de las tramas más indignas y
repugnantes a las que nos hemos enfrentado en los últimos años. Se
aprovecharon del sufrimiento de miles de personas empobrecidas para
enriquecerse personalmente. Las ONGD llevamos diez años luchando por
que se haga justicia, para defender la dignidad de la cooperación y
para lograr la devolución de los fondos defraudados. Vamos a seguir
haciéndolo ante el Supremo”, ha añadido su portavoz.
“Durante
todo este proceso como acusación popular hemos recibido el respaldo
de centenares de personas y entidades sociales a las que queremos
agradecer su apoyo y decirles que vamos a seguir luchando por que se
haga justicia. Después de todo lo que hemos sufrido durante muchos
años con la corrupción, en la sociedad
valenciana no podemos permitirnos que delitos tan graves sean
sentenciados por la justicia dejando esta sensación de impunidad”,
ha declarado la Coordinadora.
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