Davinia Bono.
Esta semana conocíamos la decisión del Tribunal
de Estrasburgo de Derechos Humanos acerca de la Doctrina Parot.
Lamento, profundamente, que dicha sentencia haya
sido desfavorable y el tribunal no haya estimado el recurso de la Abogacía del
Estado.
Hemos de recordar que España forma parte del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que las sentencias del Tribunal
Europeo son de obligado cumplimiento.
Se trata de un fallo para un caso individual,
que es el que se ha sometido a cuestión.
Es la Justicia española la que deberá decidir
las consecuencias prácticas de este fallo, caso por caso.
La política penitenciaria del Gobierno español
no cambiará: el Gobierno velará por el cumplimiento de la ley y por el
cumplimiento justo de las penas.
El Gobierno trabaja por el cumplimiento íntegro
de las penas, especialmente en delitos de terrorismo.
Por eso, el Gobierno ha introducido una reforma
del Código Penal que introduce la pena permanente revisable para los casos más
graves.
Sin la actuación del Gobierno, la etarra ya
estaría libre.
La doctrina Parot ha demostrado ser justa con
las víctimas y útil en la lucha contra el terrorismo y contra los crímenes más
graves.
Esta sentencia no cambia la firmeza del Gobierno
por la lucha contra el terrorismo en España y la defensa de los derechos de
los españoles.
Dos años después del cese de la violencia, la
lucha contra el terrorismo continuará con absoluta firmeza.
El Estado de Derecho derrotó el terrorismo y el
Gobierno mantiene su firme compromiso de seguir trabajando por la disolución
definitiva de ETA.
Quiero, desde el recuerdo a las víctimas del terrorismo,
mostrar todo mi apoyo a sus familias a las que afecta la decisión tomada esta
semana por el tribunal de Estrasburgo.
En ningún caso esta sentencia va a cambiar la
política que el Gobierno está llevando a cabo en materia Antiterrorista. La lucha
contra el terrorismo que empezó hace 40 años la hemos ganado todos los demócratas
y va a continuar siendo así con absoluta firmeza.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha trabajado para
defender una doctrina que se ha considerado y se considera justa con las víctimas
y útil en la lucha contra el terrorismo y contra los crímenes más graves y
seguirá trabajando incansablemente hasta conseguir la disolución total de ETA.
Con las modificaciones que el Gobierno de
Mariano Rajoy ha llevado a cabo en el Código Penal y las que se están tramitando
no volverá a ocurrir en nuestro país que cada asesinato tenga un reproche de
un año por cada uno de los muertos.
A partir de ahora, será la Audiencia Nacional y
los Tribunales los que decidan como se aplica la condena en cada caso.
España está con las víctimas: no hay impunidad
para el terrorismo.
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