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TRIBUNALES

La declaración de Castedo y Ortiz reanudará el juicio sobre el amaño del PGOU

De entre nueve acusados en la Audiencia Provincial de Alicante, los principales son los dos ex alcaldes del PP por supuestamente tratar de beneficiar al constructor Ortiz durante la tramitación del PGOU

EFE - 20/09/2020

Vista general del banquillo de acusados en la celebración del juicio por el por el presunto amaño del Plan General de Urbanismo (PGOU). EFE

La declaraciones de los ex alcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP, y del constructor Enrique Ortiz reanudarán el próximo miércoles el juicio sobre el supuesto amaño del Plan General de Urbanismo de Alicante (PGOU), una de las ramas del denominado 'caso Brugal'.

De entre nueve acusados en la Audiencia Provincial de Alicante, los principales son los dos ex alcaldes del PP por supuestamente tratar de beneficiar al constructor Ortiz durante la tramitación, entre 2008 y 2010, del PGOU, que finalmente no fue aprobado y, por lo tanto, no llegó a entrar en vigor.

La fiscalía Anticorrupción considera que los dos expolíticos populares facilitaron al promotor información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción, cuando su diseño todavía no era público, a cambio de supuestas prebendas.

Entre ellas, diversas entregas de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y varios viajes pagados a Ibiza, Creta y Andorra, según el sumario.

Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi tras acusarles a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias, y en lo que respecta a Ortiz pide 8 años por supuesto tráfico de influencias y cohecho.

En las sesiones iniciales celebradas entre junio y julio, en la que se plantearon las cuestiones previas, el tribunal de la Sección Tercera desestimó la petición cursada por la defensa de Díaz Alperi de que pudiese declarar el último, en vez de en la jornada inicial junto a su sucesora en la alcaldía, Sonia Castedo, y el promotor Ortiz.

Así, salvo modificación posterior, las declaraciones del resto de los seis procesados están previstas para las sesiones sucesivas, el jueves 24 de septiembre y el 2 de octubre.

Al margen de Castedo, Díaz Alperi y Ortiz, la causa se sigue contra los abogados socios del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); contra el promotor ilicitano Ramón Salvador y contra tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz en el momento de los hechos: Santiago Bernáldez, Pablo Rico y Virgilio Ortiz (hermano de Ortiz).

El turno de los testigos, por su parte, comenzará a partir del 5 de octubre, cuando está prevista la declaración de los arquitectos urbanistas que participaron en la redacción del PGOU en sus distintas fases, Luis Cantallops y Jesús Quesada.

En esa fecha, también se prevé que declaren varios técnicos de la concejalía de Urbanismo.

El proceso sigue pendiente de que se resuelvan las peticiones de nulidad de las escuchas telefónicas en los que se sustentó parte de la investigación del 'caso Brugal', iniciado a partir de las sospechas de amaño de la adjudicación de la contrata de recogida de la basura del municipio de Orihuela y de la que salieron una veintena de piezas separadas, entre ellas las del PGOU alicantino.

Las solicitudes de nulidad de los audios fueron planteadas por todas las defensas en las dos primeras sesiones del juicio (cuestiones previas), justo un mes después de que la Sección Séptima de la Audiencia anulase esas grabaciones que dieron origen a toda la investigación del 'caso Brugal' y absolviese a los 34 acusados de la rama de las basuras de Orihuela.

En un auto fechado a finales de julio, el tribunal de la Sección Tercera ha demorado la respuesta a esas solicitudes de nulidad hasta el momento de la sentencia, al término de la vista oral.

En esa misma resolución, sí respondía sobre las nuevas pruebas planteadas por las partes, entre ellas las tres magistradas que lo componen aceptaron los informes periciales aportados por las defensas en los que se ponía en duda la integridad de las conversaciones grabadas por la Policía.

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