La defensa del exsuegro del 'yonqui del dinero' dice que no medió en la adjudicación de Imelsa

El abogado defensor de Mariano López, exsuegro del ex gerente de la empresa de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, ha considerado que “nada se ha acreditado” de la relación de su defendido con la mesa de contratación que adjudicó el contrato del centro de atención telefónica de Imelsa a la empresa Servimun.

Según ha afirmado el abogado David González en el marco de la exposición de los informes finales de las defensas en el juicio de la pieza separada del caso Imelsa por el supuesto amaño del contrato de atención telefónica de esta empresa pública, “ni por asomo ha sido contestado” por el Ministerio Fiscal “quién ha hecho qué, cuándo y cómo se hace” y por eso ha pedido la libre absolución.

El letrado, que ha pedido la nulidad de todo lo actuado a partir de junio de 2015, al entender que no debía haber continuado la actuación policial al estar ya el asunto judicializado, ha hablado de “ausencia de pruebas” por parte de la Fiscalía.

“No pueden confundirse los indicios con las sospechas”, ha defendido, y ha asegurado que el escrito de acusación habla de “probabilidades, no evidencias” con frases como que López “probablemente actuó de conseguidor” o “lo que quizá nunca lleguemos a saber salvo que aproveche la oportunidad de confesarlo”.

Ha añadido que la prueba pericial de dos expertos ha determinado que “aquí no hay amaño”, que la contratación fue correcta y legal, y ha lamentado que se enfoque el juicio como “en la película de ‘Amistades Peligrosas’”: “Según la Fiscalía, todos son amigos íntimos”.

El abogado ha negado que Mariano López y Marcos Benavent tuvieran una relación de amistad en el momento de la adjudicación del contrato.

“En 2013, Benavent y López iban a tiros”, ha asegurado, después de la “dolorosa separación” de Benavent y la hija de López, que “le puso los trastos en la puerta”, con lo que no solo no había una relación de amistad sino que “lo que se ha demostrado es que querían prácticamente matarse”.

También ha negado que existiera relación de amistad o de partido entre López y el entonces presidente de la Diputación, Alfonso Rus, y ha considerado que, si fuera así, Rus habría podido “colocarlo en algún sitio”.

Mariano López, ha defendido, no fue socio de Servimun, a pesar de que “llevamos siete años escuchándolo”, y la sociedad, desde 2004, tenía un socio único y administrador.

Además, ha dicho que no existen llamadas ni correos electrónicos que acrediten que, previamente a la adjudicación del contrato, López hablara con Benavent ni con Rus y que "ni una sola de las operadoras ni de los que participaron en la adjudicación lo conocían".

En cuanto al procedimiento de contratación, ha criticado que se acuse de un amaño de un contrato y no esté investigado “ni el órgano de administración ni la mesa de contratación”, y ha señalado las contradicciones en las sucesivas declaraciones de Benavent, que primero dijo “que se adjudicó a dedo” y después “que había sido amañada en los pliegos”, y ha asegurado que los pliegos técnicos los hizo una empresa externa.

Sobre la encomienda de gestión y su ampliación, que acabó derivando en el contrato con Servimun, ha recordado que se aprobó en el pleno de la Diputación de Valencia con el voto a favor “de todos los partidos menos uno” y que nadie puso en tela de juicio la ampliación de la encomienda.

También se ha referido a las declaraciones de los peritos judiciales, que aseguraron, ha dicho, que "la adjudicación fue a Servimun porque era la mejor oferta" y destacaron la "absoluta solvencia de la empresa adjudicataria".

En su informe final, la Fiscalía Anticorrupción propuso una rebaja de la pena que pedían para el exsuegro de Benavent, de 13 a 7 años y 3 meses de prisión.