La delegada del Gobierno
en la Comunitat Valenciana,
Paula Sánchez de León, ha anunciado que en
las próximas semanas convocará el Consejo Autonómico de Seguridad para poner en
marcha el “Grupo de Trabajo de Seguridad en el Ámbito Rural”. El objetivo de esta convocatoria será atender
el incremento de las infracciones penales en el campo, en concreto las
relacionadas con el robo de cobre de los pozos de riego, la sustracción de la
fruta o del material propio de los agricultores y ganaderos
La delegada que se ha
reunido con la presidenta de la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias, Elena Bastidas, ha indicado que “en el último trimestre, con motivo de la crisis, se han incrementado
un 27% las infracciones penales en el campo”, en relación al trimestre
anterior, pasando de 563 infracciones penales a 771. Sánchez de León ha
manifestado que la finalidad es “intensificar la acción en el campo para
reducir la conflictividad”.
Esta comisión está
integrada por representantes del Ministerio de Agricultura, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, de las asociaciones Unió-Coag, Ava-Asaja, UPA,
así como de la conselleria de Gobernación, y de la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias, entre otros.
Sánchez de León también
ha trasladado a Bastidas, “la importancia de convocar juntas locales de seguridad
en todos las localidades con capacidad para ello porque es un instrumento muy
útil de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad”. En estos
momentos 125, de los 280 municipios dotados con Policía Local, no han puesto en marcha las juntas locales de
seguridad.
La delegada ha indicado
que su propósito para esta legislatura es “que los 280 municipios dispongan de
este mecanismo que tan buenos resultados ofrece para la seguridad de todos”.
Este instrumento, según
ha añadido la delegada, “nos permite analizar la evolución de la seguridad en
cada uno de los municipios y, por tanto, elaborar planes locales de seguridad
adecuados a cada particularidad.”
Otro de los temas analizados en este encuentro ha sido la situación de
los municipios a los que Hacienda no ha admitido el plan de viabilidad. La
delegada se ha comprometido a trasladar al Ministerio la problemática concreta
de cada una de estas localidades.
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