La Diputació de València reduce a la mitad la tasa que pagan los ayuntamientos por la gestión del cobro de impuestos

El presidente Jorge Rodríguez con el diputado de Hacienda, Toni Gaspar.

La Diputació de València aprobará en el pleno de octubre rebajar del 3% al 1,75% la tasa que la corporación provincial cobra a más de 200 ayuntamientos por la realización de tareas de gestión tributaria. Esta rebaja progresiva (este año ya se está aplicando un 2,25%) es una medida coherente con la iniciativa de Hacienda de reducir de forma continuada la aportación de los ayuntamientos y que estos puedan gestionar sus ingresos con una mayor autonomía.

En este sentido, la ordenanza propone una tasa general sobre la recaudación voluntaria del 1,75% por la prestación de los servicios de gestión tributaria y recaudación delegados. Es la primera vez que se alcanza una cifra tan baja desde que existe este servicio provincial de recaudación. Al mismo tiempo, se suprime la tarifa por los servicios de actualización del padrón del IBI, se dejan de cobrar a los ayuntamientos los costes financieros de los anticipos y se suprime la tarifa del 1% por el ejercicio de las funciones de gestión tributaria y recaudación voluntaria.

Estas modificaciones han sido posibles, en palabras del presidente de la Diputació, Jorge Rodríguez, gracias a una “gestión eficiente para afrontar políticas económicas y sociales” que abren “nuevas vías de colaboración con los municipios, mancomunidades y Generalitat”. “Venimos a escuchar a los pueblos y a cederles el protagonismo, a que sean los gobiernos locales quienes decidan”, añade el presidente.

“La idea es que la tasa por recaudación voluntaria se siga reduciendo y que ningún ayuntamiento pague más por derivar su gestión a la Diputació”, ha explicado el diputado de Hacienda, Toni Gaspar. La previsión que se ha hecho desde este departamento estima que de los 6.363.439 € que se recaudaron el último año que se aplicó el 3%, se pasará a recaudar 4.093.937 € en 2018. Es decir, más de dos millones de euros se quedarán a partir de ahora en los ayuntamientos y serán los acaldes y alcaldesas quienes decidan en qué se deben invertir.