Pepe Ruiz y Jorge Rodríguez. EPDA
La Diputació de València y los sindicatos
mayoritarios -CCOO, UGT y CSIF- han llegado a un acuerdo para estabilizar la
situación de 96 trabajadores, 63 mujeres y 30 hombres, que dejarán de ser personal
laboral y pasarán a ser empleados interinos. En la negociación, se ha
consensuado, por unanimidad, la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) para redistribuir y crear los nuevos puestos. Una decisión que será
llevada al pleno de este martes para su aprobación. El diputado responsable del
área de Administración General, Pepe Ruíz agradece “el esfuerzo negociador y la
buena predisposición de los sindicatos para llegar a un acuerdo”.
Entre los contratos que se van a consolidar hay
23 profesores que trabajan en las escuelas que gestiona la Diputació, como la
de Viticultura y Enología de Requena o la de Capataces de Catarroja, 19
administrativos, 6 arquitectos técnicos, 4 analistas y 3 restauradores. En la
lista hay también 15 auxiliares que darán el servicio de información
corporativa. Este servicio, que el actual equipo de gobierno ha revertido a
público, se ofrecía en anteriores legislaturas mediante una empresa privada.
Todos estos trabajadores accedieron a sus
puestos mediante procedimientos reglados a través del preceptivo proceso
selectivo convocado en su momento. La apuesta de la corporación, según Pepe
Ruíz, es que “a partir de este año, y en los próximos ejercicios, se convocarán
ofertas públicas de empleo que incluirán el 100% de las plazas que la Ley de
Presupuestos del Estado nos permita. Nuestro objetivo es consolidar el máximo
empleo público reduciendo la precariedad laboral en la medida de nuestras
posibilidades”.
Asimismo, Pepe Ruíz ha añadido que “esta
medida hay que contemplarla dentro de las iniciativas organizativas que vamos a
impulsar para paliar el envejecimiento y la pérdida de puestos de trabajo que
se está produciendo, debido a las limitaciones impuestas por la tasa de
reposición de las ofertas de empleo público decretadas por el Gobierno en las
sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado”. Desde el área de
Administración General se apunta que las políticas de restricción impuestas por
el Gobierno del Estado están ocasionando graves problemas de futuro a todas las
Administraciones.
Algunos de estos problemas son la reducción
de empleo público y el envejecimiento de las plantillas. La edad media de las
personas que trabajan en la Diputació supera ampliamente los 50 años, con una
antigüedad de más de 25 años, y en las dos próximas legislaturas alcanzarán la
edad legal de jubilación unos 440 empleados y empleadas (aproximadamente el 35%).
En este sentido, el diputado de Administración General ha acabado señalando que
“vamos a hacer lo que esté en nuestra mano pero, de seguir esta tendencia de
restricciones en las ofertas de empleo público, la futura prestación de muchos
servicios puede verse comprometida por la falta de personal. Por todo ello, el
Gobierno de la Nación debería permitir la recuperación real de empleo”.
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