Jorge Rodríguez y Emili Altur, en rueda de prensa. EPDA La segunda
fase del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (PIFS) de la
Diputación de Valencia destinará más de 12 millones de euros a un total de 676
actuaciones en los 187 municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia.
La inversión proviene del remanente de 2015 y permitirá, “en lugar de
aumentar las ganancias de los bancos, crear o mantener alrededor de un millar
de puestos de trabajo en las comarcas valencianas”, según ha explicado el
presidente Jorge Rodríguez.
Las actuaciones se van a desarrollar, sobre todo, en
edificios municipales, instalaciones deportivas, calles y plazas, en la red de
alumbrado público y el sistema de agua potable de los municipios. Cada
consistorio ha analizado la situación más urgente y que más beneficios va a
aportar en la vida de sus vecinos, para decidir en qué proyectos concretos se
invierten las ayudas de la Diputación.
Este montante se suma a los 71 millones de euros del
remanente de 2014 que ya se han invertido en 1.200 obras y han permitido crear
2.400 puestos de trabajo. El presidente de la Diputación ha destacado “el
éxito de la primera fase del PIFS” y ha asegurado que esta nueva edición
de ayudas también se ha hecho siguiendo los objetivos que se marcaron en su
momento: “que el dinero se invierta pensando en las personas y no en los
bancos, que las adjudicaciones se hagan mediante criterios objetivos y
respetando la autonomía de los alcaldes, y que las obras sean
sostenibles”.
La principal característica del PIFS, un plan propuesto por
Rodríguez para invertir el remanente que dejó el anterior equipo de gobierno,
que dejó de gestionar 72 millones de euros, es ayudar a los municipios a
financiar actuaciones que los propios alcaldes han identificado como necesarias
y que no impliquen sobrecostes en mantenimiento y conservación a los que los
consistorios no puedan hacer frente después.
Por su parte, el diputado de Cooperación Municipal, Emili
Altur, ha destacado el carácter objetivo de los criterios de reparto de estas
ayudas, en función del número de habitantes partiendo de una base “justa
y solidaria para que los pequeños municipios mejoren el día a día de sus
vecinos” mediante inversiones sostenibles y sin costes complementarios.
Por un lado, los municipios de hasta 500 habitantes han
recibido 30.000 euros fijos más una variable de 13,70 euros por habitante; por
otro lado, aquellos de entre 500 y 5.000 habitantes han contado con 50.000
euros más la misma variable de 13,70 euros por habitante. De esta forma, la
escala contempla ayudas aproximadas de entre 30.000 y 120.000 euros, según el
número de habitantes de los municipios y en la franja en la que se encuentren.
En función de estas franjas, los municipios de menos de 100
habitantes han recibido algo más de 30.000 euros; los municipios de entre 100 y
500 habitantes entre 30.000 y 40.000 euros; los municipios de entre 500 y 2.000
entre 60.000 y 80.000 euros; y los municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes
entre 80.000 y 120.000 euros.
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