Jorge Rodríguez y Pepe Ruiz. EPDA
La
nueva Diputación ha legalizado los contratos de Seguridad y Mantenimiento, que
se encontraban varios meses, en el primero de los casos años, sin regularizar.
De esta forma se mantiene la apuesta por la transparencia en la gestión que
caracteriza al nuevo equipo de gobierno. El montante de ambos contratos roza
los 7 millones de euros.
La
Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia ha aprobado los pliegos y
prescripciones técnicas que han de regir los nuevos contratos de Seguridad y
Vigilancia y Mantenimiento de la Corporación, que habían excedido ya los
anteriores límites contractuales. En total, cerca de 7 millones de euros
presupuestados para el proceso de adjudicación de estos dos contratos, que los
nuevos gestores de la Diputación que preside Jorge Rodríguez han querido desarrollar
desde la transparencia y siguiendo criterios objetivos y cláusulas sociales,
uno de los sellos del nuevo presidente.
En
el caso del contrato de Seguridad y Vigilancia, con un presupuesto de contrata
máximo de 4.051.838,52 euros, IVA incluido, el área de Administración General
que dirige Pepe Ruiz ha incluido nuevos servicios como el de técnico de
mantenimiento, vigilancia móvil y vigilancia en
complejo,
se han ampliado las habilitaciones profesionales requeridas y se impide la
subcontratación.
Los
pliegos originales de este contrato, de enero de 2011, fueron tumbados por el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, lo que sumado a la nueva Ley
de Seguridad Privada que vio la luz en junio de 2014, han llevado al actual
equipo directivo de la Diputación a replantearse un contrato que se adjudicará
en base a criterios económicos, que deben incidir a la baja en el coste final
adjudicado, y la inclusión de cláusulas sociales que fomentan la igualdad de
oportunidades y combaten la violencia de género.
El
objeto de este contrato de Seguridad es la prestación de servicios de
vigilancia y seguridad en las 14 dependencias provinciales, desde los palacios
de la Scala y la Baylia hasta la Plaza de Toros, la Beneficència, el MUVIM, el
complejo de Bétera, la Escuela de Requena, el Parque Móvil o el Servicio de
Gestión Tributaria. En este servicio entra la conexión a la central receptora
de alarmas, el depósito de llaves, la verificación de alarmas mediante el
desplazamiento al edificio en que se produzcan, vigilancia móvil en algunas
dependencias y el mantenimiento preventivo y técnico de los sistemas de
intrusión.
En
cuanto al personal necesario para prestar este servicio de vigilancia, se
calcula un mínimo de 127 vigilantes de seguridad y un inspector, con la
previsión de un puesto de director de seguridad que permita una gestión
integral de la vigilancia. El nuevo contrato contempla, además, el aumento del
servicio en el MUVIM, la Beneficència y el complejo de Bétera, un protocolo de
actuación en videovigilancia, la reducción de servicios ligada a mejoras en las
instalaciones, la cobertura de nuevos edificios como la escuela de Requena y la
reducción del período de contratación de cuatro a un año, más otro prorrogable.
Entre
los criterios sociales incluidos en los pliegos aprobados por la Junta de
Gobierno, destacan el informe de género con datos por sexo de la plantilla que
deberá elaborar el contratista; el Plan de Igualdad obligatorio y la obligada
mejora de las condiciones de paridad si se producen nuevas contrataciones; las
medidas para prevenir y erradicar el acoso sexual y las medidas legales
previstas para casos de violencia de género. Estas cláusulas sociales y el
criterio económico decidirán el
adjudicatario
de este contrato de seguridad y vigilancia para el próximo año.
2,6 millones para
Mantenimiento
El
otro contrato cuyos pliegos se han aprobado en la Junta de Gobierno es el de
Mantenimiento, con un presupuesto máximo de 2.328.000 euros más IVA y un
período de dos años. El objeto de este contrato es el mantenimiento integral de
los 45 edificios, algunos de ellos de carácter histórico, propiedad de la
Diputación de Valencia.
Este contrato estaba prorrogado desde enero
de 2015 y, en su nueva adjudicación, cubrirá siete plazas de personal de mando
y administrativo, entre arquitectos, técnicos industriales, encargados de obra,
electricistas y administrativos, y 30 puestos de trabajo de personal de
oficios, de fontaneros a electricistas, informáticos, albañiles, frigoristas,
peones y auxiliares de oficios varios.
El criterio de adjudicación será igualmente
la oferta económica más competitiva y las mejoras objetivas, y el nuevo
contrato incluye un mayor control hacia el adjudicatario en el cumplimiento de
las condiciones pactadas, así como los criterios sociales incluidos en el
contrato de Seguridad y Vigilancia.
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