La Educación Concertada carga contra el gobierno por ser "excluida" en la Comisión del Plan de Reconstrucción Social

Las conclusiones aprobadas para el ámbito educativo suponen un claro agravio para el 25% de nuestro sistema educativo, es decir, para alumnos, familias y profesores, y pueden suponer la asfixia de instituciones que no tendrán medios para seguir manteniendo sus proyectos educativos. 

Unos proyectos integradores, equitativos, de calidad, accesibles para todos y que materializan la libertad de enseñanza, tal y como está concebida en nuestra Constitución y nuestro entorno democrático europeo. La enseñanza concertada no es una enseñanza elitista, como algunos pretenden hacer creer a la sociedad, sino que es una enseñanza social que refleja la pluralidad familiar, sociolaboral, económica, ideológica, cívica, cultural y religiosa de la sociedad española actual.

Por tanto, excluirla es una clara segregación impropia de democracias europeas que promueven la libertad de enseñanza y la financian sin complejos para favorecer una libertad de elección real. Es obvio que se está aprovechando la debilidad del PSOE para hacer avanzar el programa de extrema izquierda de Podemos en contra de un servicio que se presta tanto desde la enseñanza pública como desde la enseñanza concertada, tal y como reconoce la propia LOE (Artículo 108). 

La Comisión de Reconstrucción ha dado un paso preocupante que segrega a alumnos, familias, profesores e instituciones con una mayoría simple y con la ausencia de VOX, digna de mencionar en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo. 

Nos tememos que las conclusiones aprobadas sean el preludio de una futura ley de educación que adolece de la misma falta de consenso que sus promotores denunciaron en la LOMCE. 

Familias, profesores e instituciones educativas están trasladando a nuestras organizaciones su enorme malestar ante esta situación, por lo que es nuestro deber seguir trabajando en defensa de sus derechos con todos los medios que estén a nuestro alcance, incluyendo movilizaciones o acciones jurídicas, siempre y cuando no se perciba un compromiso que, más allá de las palabras vacías, garantice que no se van a hurtar los derechos de millones de españoles.