La empresa recaudadora de tributos firmó el contrato con el Consistorio de Canet d'En Berenguer sólo un mes después de ser creada

La empresa que lleva cobrando los tributos en Canet d’En Berenguer desde 1996 firmó un contrato con el entonces alcalde, Enrique Altabella, sólo un mes después de ser creada. Desde entonces todos los gobiernos municipales han confiado en su buena gestión, puesto que ha sido prorrogada la relación contractual sin hacer concursos públicos, reportando unos ingresos en los últimos 4 años de 1.273.000 euros, una media de 300.000 euros al año, que se unen a los 1.587.000 facturados al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, donde también presta el mismo servicio desde que el abogado del Ayuntamiento, José Antonio Sancho, consiguió la segregación.

Estas cantidades son fruto del 4’5% que se queda como mínimo la empresa, a lo que hay que sumar premios en caso de que se supere un ratio determinado en el cobro de los impuestos de los ciudadanos.

El debate sobre lo que cobra la empresa llegó anoche al pleno de Canet d’En Berenguer, donde la portavoz de EU, María Amor Uviedo, preguntó al respecto. El alcalde, Leandro Benito, recordó que anteriormente a la firma del contrato era la Diputación la que se encargaba del cobro de impuestos, pero recaudaba menos. De hecho, fuentes del PP han recordado a El Periódico de Aquí que el contrato se firmó con Altabella y que fue en 2011, con el anterior alcalde, cuando se volvió a renovar por otros cuatro años. Además de mostrar su satisfacción por el trabajo realizado, dio a entender que le volverá a dar su confianza en 2015, no sin antes cargar contra El Periódico de Aquí.

La Diputación cobra sólo el 3% según consta en el apartado de ‘Gestión tributaria y recaudación voluntaria de padrones y liquidaciones’, suponiendo en este caso un ahorro en estos 4 años de 424.000 euros. Aunque ese sería el ahorro en el peor de los casos, ya que la institución que preside Alfonso Rus se queda sólo el 1’5% en el caso de la ‘Gestión tributaria en sentido estricto del IBI e IAE sin recaudación voluntaria’. Y dada la estructura funcional del Consistorio, éste podría absorber el servicio, dedicando ese dinero a ayudar a los desempleados, han recordado fuentes de la oposición.

Según el contrato de 1996, el Ayuntamiento podría romper en cualquier momento con dicha firma, según el artículo 14: ‘‘El Ayuntamiento tendrá la prerrogativa de interpretar lo convenido, modificar la prestación por conveniencia del servicio y de suspender su ejecución por causa de utilidad pública’’.

Cuándo nació
Recaudaciones Canet, que después pasó a denominarse Recaudaciones Levantinas, fue constituida por Vicente José Almenar Picó, José Luis Almenar Picó y por José Ramón Llopis Cotanda. El primero suscribió 50 participaciones, el segundo 450 y el tercero aportó una mesa escritorio de maera color nogal, por la que recibió una participación, según recoge el Registro Mercantil al que ha tenido acceso este periódico.

Llopis Cotanda es también uno de los fundadores de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) y Asesores Profesionales, dos de las firmas que están siendo investigadas por el juzgado número 12 de Valencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción junto a otras firmas en la denominada ‘trama de las asesorías’. La AVJ lleva también los asuntos jurídicos del Ayuntamiento de Canet, mientras que Asesores Profesionales recibió una concesión por el Consistorio que cedieron un mes después a un supermercado para hacer un aparcamiento en la playa, operación por la que se embolsaron más de 60.000 euros.

Además, el hijo del recaudador ganó una plaza de administrativo en una oposición convocada por el Ayuntamiento de Canet en el año 2009 siendo presidente del tribunal el propio secretario municipal, José Antonio Sancho y figurando en el mismo Ismael Asensio, secretario municipal del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber; José Luis Fayos, secretario general de Cheste; y Rafael Parra, interventor del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. Todos ellos suelen coincidir en oposiciones celebradas en Canet o en municipios como La Pobla de Farnals, donde Sancho entró como interventor.

Por ejemplo, en las oposiciones en que una hija de Sancho ganó plaza en el Ayuntamiento de La Pobla -donde llegó previamente con una permuta con un funcionario-, el presidente del tribunal era José Luis Fayos y formaban parte del mismo, Ismael Asensio, Rafael Parra, siendo secretaria Magdalena Lapiedra, técnico de Administración general de Canet. Era alcaldesa de La Pobla la tránsfuga Natividad García.

Son los mismos que componían el tribunal de las polémicas oposiciones de técnico de gestión en Canet, paralizadas tras varias informaciones de este periódico -quedando como finalistas el hijo del alcalde de San Antonio de Benagéber, la ex alcalde de La Pobla y una funcionaria de Canet, siendo esta última ascendida de forma interina-. En este caso el presidente del tribunal era el propio Sancho Sempere. Y lo acompañaban José Luis Fayos, Rafael Parra e Isamel Asensio.