Si
hay un negocio que tiene el futuro garantizado, no es otro que el de la
alimentación. Se puede prescindir de todos los objetos que nos rodean y
que supuestamente nos hacen la vida mejor, sin embargo, llenar el
estómago siempre será una obligación. Así lo han entendido esas pocas
multinacionales que controlan el comercio de alimentos y los
inversionistas que han volcado su dinero en los mercados agrícolas.
Pero
en la búsqueda frenética de oportunidades dentro del agronegocio, se ha
extendido el “acaparamiento de tierras”, en el que inversores,
empresarios, estados, etc. están adquiriendo millones de hectáreas en
diferentes países, sobre todo en los africanos, desde los subsaharianos
hasta los mediterráneos. Algunos buscan especular con las tierras,
otros sembrar agrocombustibles para los países ricos, y otros
aprovechar el agua y la tierra ajena para cultivar alimentos y luego
exportarlos a sus naciones.
Sea como sea, algunos
cálculos ya establecen que en África se han tramitado proyectos por una
extensión total de 67 millones de hectáreas (la superficie conjunta de
Italia y Alemania).1 Los atropellos se han
sucedido sin parar y aquellos maravillosos beneficios que gozarían los
pueblos que se amoldarían a la nueva inversión agrícola, se han quedado
en papel mojado. De esta forma, las personas desalojadas de sus tierras
se cuentan por decenas de miles. Además se han reportado expulsiones
violentas, encarcelamientos, procesos judiciales contra campesinos,
precariedad laboral en los nuevos proyectos agrícolas, acaparamiento de
otros recursos naturales como el agua, deforestación de bosques,
alteración de cauces en ríos, etc.
Los muchos discursos de la FAO
La FAO,2
como buena hija de Naciones Unidas, acoge todo tipo de ideas por muy
contradictorias que puedan ser entre ellas. Por ejemplo, ante la
reciente crisis alimentaria en Sudán del Sur, el responsable de este
organismo en el país africano manifestaba que “Hay que lograr que
las familias tengan en primer lugar acceso rápido a alimentos inocuos y
nutritivos, así como a otras necesidades básicas (…) Podemos hacerlo
ayudando a la gente a retomar las actividades agrícolas, ganaderas y de
otro tipo en las que basan sus medios de subsistencia”.3
La
realidad es que si se quiere ayudar a la gente a retomar sus
actividades agrícolas, habrá que garantizar las tierras, las aguas y
los recursos económicos. Por eso este escenario propuesto por el
responsable de la FAO en Sudán del Sur, choca de frente con el masivo
acaparamiento de tierras en el continente, que está ayudando a la gente
a abandonar las actividades agrícolas, ganaderas y de otro tipo en las
que basan sus medios de subsistencia.
Sin embargo y a
pesar de la gravedad de los hechos, la FAO también apoya sin titubeos
el acaparamiento de tierras. Junto al Banco Mundial o el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, trabaja en los “Principios para
una inversión agrícola responsable”. Como se desprende del propio
título, para estos organismos el acaparamiento de tierras es una
inversión que para las naciones empobrecidas deparará, supuestamente,
ciertos beneficios como puestos de trabajo, transferencia tecnológica,
infraestructuras rurales, seguridad alimentaria, etc. En general, el
brazo filantrópico y propagandístico de la nueva inversión agrícola, no
ofrece nada que no se haya escuchado mil veces para justificar la
inversión extranjera en general, y nada que no se escuchará por ejemplo
hace un siglo, cuando ciertas transnacionales fruteras transformaron
estados independientes centroamericanos en “repúblicas bananeras”. A
día de hoy y como se decía antes, los atropellos y las expulsiones se
imponen a las benevolencias.
Y hablando de benevolencias, dejen que les cuente un caso. En 2009, la empresa suiza Addax Bioenergy arrendó 20.000 hectáreas en Sierra Leona para cultivar caña de azúcar y generar bioetanol.4
Se ha denunciado que las comunidades no fueron consultadas para ver si
accedían a arrendar sus tierras y el acuerdo fue secreto entre la
compañía y el consejo de la aldea. Las cosechas de algunos campesinos
fueron destruidas y la indemnización recibida fue tres veces inferior
al precio real. Los agricultores han revelado que ahora tienen que
recorrer varios kilómetros hasta llegar a las nuevas tierras que les
asignaron y se ha constatado que la empresa no está cumpliendo sus
compromisos sociales (empleo, mejora agricultura local, etc.). Estos
datos fueron recabados por miembros del Consejo de Iglesias de Sierra
Leona y por un activista de derechos humanos, que además estuvieron
acompañados en el terreno por una ONG local. El Observatorio del
Derecho a la Alimentación y la Nutrición tomó estas reseñas y las
incluyó en un informe sobre acaparamiento de tierras que publicó en
2010.5
Se explica esto porque
en marzo, la FAO hizo públicas una serie de noticias sobre el “Proyecto
sobre la bioenergía y criterios e indicadores para la seguridad
alimentaria” (BEFSCI, por sus siglas en inglés). Este proyecto es
financiado por el Ministerio Federal Alemán de Alimentación,
Agricultura y Protección del Consumidor, y según la información
contenida en la web de la FAO, pretende desarrollar “… una serie
de criterios, indicadores, buenas prácticas y opciones políticas sobre
el desarrollo de la bioenergía moderna que promueve el desarrollo rural
y la seguridad alimentaria…”.6
Huelga
decir que este proyecto es un espaldarazo claro al desarrollo de los
agrocombustibles y al acaparamiento de tierras. Demagógicamente
relaciona el cultivo energético con la seguridad alimentaria, obviando
la tragedia de un continente, África, que debe importar decenas de
millones de toneladas de alimentos básicos. Sin ir más lejos Sierra
Leona, el país donde desarrolla sus actividades Addax Bioenergy, ha llegado a destinar el 24% de su PIB para importar comida.7
La
cuestión es que en uno de los materiales de BEFSCI, titulado “Buenas
prácticas socio-económicas en la producción moderna de bioenergía”, se
menciona el caso de Addax Bioenergy como un ejemplo de
nitidez, participación ciudadana, solidaridad, etc. Las benevolencias
de la compañía suiza que se mencionan en este manual fueron aportadas
por productores locales, aunque sin ser contrastadas por la FAO. No hay
duda de que algunos lugareños se han podido beneficiar de los proyectos
de Addax Bioenergy, pero no se entiende que una organización
de Naciones Unidas se olvide de la otra cara de la moneda, de los otros
testimonios y de las injusticias. No se entiende que un proyecto de la
FAO utilice este controvertido ejemplo como un modelo a seguir, sin
comprobar los hechos. Incluso llegó a utilizar en sus informes una
fotografía que aparece en la web de Addax Bioenergy, en la que se ve a acaparados y acaparadores dándose la mano amigablemente.8
Este hecho no tendría la menor importancia si se hubiera indicado el
origen de la instantánea. Pero no hacerlo y además reconocer que no se
contrastó la información, permite pensar que los datos fueron
recopilados de una sola fuente, sin valorar las graves irregularidades
que algunas organizaciones han desvelado.
Las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra
El
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO (CSA) fue reformado
en 2009 para proporcionarle más versatilidad, peso específico y
capacidad de decisión para la creación de políticas relacionadas con la
seguridad alimentaria. El logro más importante de esta reforma fue el
espacio de participación que se proporcionó a las partes interesadas,
especialmente a las que se ven más afectadas por la inseguridad
alimentaria.
Desde hace tres años, se vienen discutiendo y
consensuando en el seno del nuevo CSA, las directrices voluntarias
sobre la gobernanza responsable de la tierra. Estas directrices
pretenden salvaguardar el acceso a la tierra y a otros recursos
naturales para los sectores de la sociedad más vulnerables, y ayudarán
a que los estados que se ven afectados por el acaparamiento de tierras
puedan legislar para garantizar estos derechos.
El pasado
11 de mayo y tras muchas reuniones, las directrices fueron aprobadas
por los estados, el sector privado y los colectivos sociales que habían
participado en su elaboración dentro del CSA. Las primeras reacciones
de las organizaciones sociales involucradas -que representaban en
algunos casos a millones de campesinos y agricultores- han sido
positivas porque por una parte se han aprobado unas pautas que pueden
ayudar a frenar la impunidad reinante hasta el momento, y por otra,
consolida el CSA reformado como un espacio de participación y toma de
decisiones.
No obstante, algunos colectivos sociales
también han manifestado que las directrices se quedan cortas en muchos
aspectos, siguen legitimando el acaparamiento de tierras y pueden
entenderse de manera desigual dependiendo de los actores. Todo, porque
la acción de ciertos estados y sobre todo del sector privado, obligó a
consensuar ciertas posiciones ambiguas y muy generales, y por eso al
final, tuvieron el mismo peso los intereses de aquellos que se juegan
el poder comer y trabajar, que los intereses de aquellos que si no
invierten en agrocombustibles en África lo harán en factorías chinas de
alpargatas y bolígrafos. Muy democrático sí, pero muy asimétrico
también.
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