La Federación de
Servicios de UGT del País Valenciano considera que la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declara nulo el Expediente
de Regulación de Empleo de Radio Televisión Valenciana de 2012, “con derecho a
la reincorporación de los (1.198) trabajadores afectados en sus
correspondientes puestos de trabajo” es una victoria para los derechos
fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, pues considera probado que
hubo una práctica discriminatoria en la elección de las personas despedidas,
atentando contra estos derechos fundamentales.
Para la UGT es una satisfacción
añadida que el Tribunal reconozca que también se produjo una discriminación por
razón de género, tal y como demandaba el sindicato. Asimismo, también se contempla
la omisión de todo lo indicado en el Plan de Igualdad de RTVV con relación al
proceso de despido.
La FeS-UGT-PV celebra que el Tribunal de Justicia de
la Comunitat Valenciana haya sentenciado la nulidad del Expediente de Regulación
de Empleo y considera probada la mala gestión y el mal hacer de los actuales
dirigentes de la empresa pública, quienes han conculcado los derechos
fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de RTVV.
De hecho, esta sentencia, contra la que cabe
recurso, obliga a la readmisión de 1.198 personas, ya que los despidos,
“estaban acotados de antemano, y que no había margen alguno para aceptar ni
asumir otros remedios menos traumáticos o de inferior coste social, que no
fueran el despido de más del 70% de la plantilla”.
La sentencia considera además que el periodo de
consultas del ERE es “un proceso de negociación” (…) “y en modo alguno
constituye un mero requisito de forma para proceder a la realización de los
despidos colectivos”, cosa que en el proceso de RTVV no se ha producido. Es
más, la sentencia reconoce que ha habido “una evidente y clara alteración de
los listados y de los propios criterios de designación procedentemente
delimitados y aprobados, pasando a aprobarse otros distintos”.
Por tanto, la FeS-UGT-PV considera que esta
sentencia deja en evidencia tanto a los directivos, como a quienes dieron las
directrices políticas para que se ejecutara un ERE que pretendía hacer
responsables a los trabajadores y trabajadoras de la mala gestión del ente
público.
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