La Fiscalía abre diligencias por el "peligro ambiental" del vertedero de Basseta Blanca de Riba-Roja

El Vertedero de la Basseta. //EPDA

La Fiscalía provincial de Valencia ha admitido a trámite la denuncia que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria interpuso a principios del pasado mes de abril por los vertidos incontrolados de basura en el vertedero de Basseta Blanca de la localidad con el objetivo de dilucidar posibles acciones penales y civiles por un presunto delito contra el medio ambiente.

La Fiscal jefa ha incoado diligencias de investigación penal y ha designado un fiscal instructor sobre el caso de los vertidos que durante entre los años 1983 y 1993 estuvo en funcionamiento en esta partida del término municipal en cuyo interior se acumulan más de 800.000 toneladas de residuos sólidos que durante el citado período de tiempo procedían de los municipios del cinturón metropolitano de Valencia, mediante la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), dependiente de la Generalitat Valenciana.

La investigación del ministerio público surge a raíz de la denuncia de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Riba-roja por el abandono que esta zona emblemática del término presenta actualmente ya que desde que dejó de funcionar, en el año 1993, hasta la actualidad no se ha presentado ningún plan de limpieza y regeneración de esta partida a pesar del creciente proceso de degradación en Basseta Blanca.

La "preocupación" del equipo de gobierno de Riba-roja -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- se ha corroborado recientemente con la elaboración de un detallado informe técnico geológico y químico se ha constatado la existencia de arsénico, cromo y níquel en niveles superiores a las referencias fijadas en el decreto 9/2005 tras el análisis de los lixiviados y sustancias que se han formado a partir de los restos orgánicos del vertedero de basura. Además, existe el peligro y el temor de que los restos de los lixiviados puedan llegar a filtrarse en los pozos y acuíferos de agua existentes en este área del término municipal mediante las escorrentías que se forman por las carreteras.

Las muestras obtenidas con los estudios científicos demuestran "un riesgo potencial" para los posibles usuarios humanos o ecológicos por la presencia de estas sustancias peligrosas hasta el punto se recomienda un estudio hidrogeológico posterior para conocer el origen y las características "físico-químicas" de las aguas detectadas en los sondeos previos realizados.

La Junta de Gobierno de Riba-roja, a la vista de los datos obtenidos por los estudios técnicos, acordó remitir toda la documentación del informe geológico al EMTRE para que procediese a la descontaminación del área afectada, así como una copia anexa a la Conselleria de Medio Ambiente como órgano superior para que obligase al citado organismo a acometer este proyecto de rehabilitación o, en su defecto, a asumirlo directamente la Generalitat como responsable civil subsidiario. Además, la Confederación Hidrográfica del Xúquer recibió la misma documentación al efecto.

Por último, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria puso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda la documentación obrante en poder de los departamentos municipales para la depuración de posibles responsabilidades penales o civiles cometidas en el transcurso del proceso de cierre de este vertedero que durante los años 80 y 90 recogió los residuos sólidos urbanos del área metropolitana.

El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria ha expresado "el respeto" por la decisión judicial tras la apertura de las diligencias de investigación penal "con un tema que tanto daño ambiental ha ocasionado en nuestro entorno natural por culpa de la dejadez e incapacidad de los gobiernos del Partido Popular en los 20 años de gobiernos al frente del ayuntamiento".

El gobierno local ha recordado que entre los años 1993 -fecha de la firma del decreto del alcalde- y el año 1996 -con la sentencia del Tribunal Supremo- se vertieron miles de toneladas de residuos orgánicos por parte de los municipios del área metropolitana de Valencia "de forma absolutamente ilegal y provocaron un perjuicio ecológico notable en este paraje que ahora estamos pagando sobradamente con el deterioro de esta zona tan querida por todos los vecinos".