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La Fiscalía actuará ante las amenazas a hosteleros que piden el pasaporte covid

La consellera ha explicado que por esa razón ha solicitado a los tres fiscales provinciales y a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia "la máxima implicación de la Fiscalía en la investigación de estos hechos delictivos"

EFE - 10/01/2022

Hosteleros de un salón de banquetes. /EFE

La Fiscalía de la Comunitat Valenciana ha asegurado a la Conselleria de Justicia que actuará e investigará para que ninguna actuación delictiva en contra de responsables del sector hostelero quede impune, como las amenazas, insultos o coacciones que reciben al pedir el llamado pasaporte covid para entrar al local.

Así lo han señalado este lunes fuentes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública después de que su titular, Gabriela Bravo, haya trasladado a la Fiscalía la preocupación de la Generalitat por la situación que están atravesando los responsables tanto de ocio nocturno como de hostelería y restauración.

"No podemos admitir de ninguna forma que estas personas, por el hecho de cumplir con su obligación de solicitar el pasaporte COVID-19 y la identificación correspondiente, tengan que sufrir amenazas, insultos o coacciones", ha advertido Bravo.

La consellera ha explicado que por esa razón ha solicitado a los tres fiscales provinciales y a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia "la máxima implicación de la Fiscalía en la investigación de estos hechos delictivos".

Según Bravo, le han trasladado que "actuarán e investigarán el seguimiento necesario para que ninguna actuación delictiva quede impune".

Bravo ha hecho estas declaraciones en la reunión preparatoria para la convocatoria de la Comisión Mixta con la fiscal superior de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, que tendrá lugar a finales de enero.

Según la Generalitat, en el encuentro se han abordado los temas que se tratarán en la próxima reunión mixta como la digitalización, el Plan de Infraestructuras y las unidades sociales que se han puesto en marcha, tanto para el apoyo en la investigación de delitos económicos como para reforzar las Unidades de Atención Social que apoyarán también a la Fiscalía en los casos relacionados con materia de discapacidad.

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