El president de la Generalitat, Carlos Mazón, asiste a la presentación y firma del Acuerdo por la Vivienda de la Comunitat Valenciana. EFE/Manuel BruqueEl president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha informado este miércoles de que en ya están en proceso de licitación, adjudicación o en fase de construcción más de 4.000 de las 10.000 viviendas de protección pública previstas en el Plan Vive, al que se han sumado 317 municipios, y hay 206 solares públicos en estudio o en desarrollo.
Mazón ha presentado estos datos tras la firma de adhesión al plan que han rubricado hoy la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, entidades públicas de suelo, instituciones de economía social y entidades financieras.
"Atrás quedaron los tiempos del señalamiento y de la estigmatización de un sector que tiene que ofrecernos no solo políticas económicas sino políticas sociales", ha afirmado.
El president ha detallado que de las más de 4.000 viviendas, 627 corresponden a inmuebles de promoción directa de la Generalitat (146 en Alicante, 445 en Valencia y 36 en Castellón) y 3.050 de promoción público-privada (2.187 en la provincia de Alicante, 740 en Valencia y 123 en Castellón), a las que hay que sumar otros 1.000 inmuebles que se activarán antes de finalizar el año.
"Viviendas, ha añadido, que beneficiarán a más de 15.000 personas" y con una inversión de más de mil millones de euros.
Mazón ha destacado la apuesta por "una gestión moderna y eficiente del parque público de vivienda" y ha anunciado que antes de finalizar el año se va a poner en marcha el proceso para la aprobación en 2026 de un nuevo decreto que regule su gestión, mantenimiento y los procedimientos de acceso.
También la creación del distintito VIVE para reconocer a las empresas publicas y privadas que apuestan por inmuebles de protección pública.
El president ha resaltado asimismo el impulso de otras medidas como ayudas al alquiler, avales a jóvenes para la compra de la primera vivienda del que se han beneficiado 1.400 personas y bonificaciones fiscales como la reducción en un 25 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que ha permitido que más de 28.500 personas hayan podido ahorrarse 38,3 millones de euros.
Al respecto, ha recordado que "se va a poner en marcha una rebaja lineal y para todos del 10 % en el ITP".
El sector reclama un "pacto de estado"
En nombre de los firmantes del acuerdo ha intervenido el director del Observatorio Cátedra de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), Fernando Cos-Gayón, quien ha reivindicado la necesidad de un "pacto de estado" de la vivienda, ante un momento "crítico" y un escenario "que no va a ir a mejor".
"El reto es mayúsculo. Tenemos un flujo migratorio que en los próximos 15 años va a cambiar nuestras ciudades y hay que ser valientes y actuar", ha señalado Cos-Gayón.
El director del Observatorio Cátedra de la Vivienda de la UPV ha apostado por "desregular" y "no regular más" y ha indicado que la vivienda protegida sirve para una parte de la demanda pero hay otra gran parte que no va a poder acceder a ella por lo que "habrá que plantear una vivienda asequible".
En la apertura del acto ha intervenido también la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, quien ha afirmado que la vivienda se encuentra en el "centro de acción" como prioridad "política y moral" del Gobierno de la Generalitat.
Camarero ha asegurado asimismo que la firma hoy del plan es también un "compromiso con las generaciones que vienen y con los mayores" para darles "seguridad y bienestar".
"Mientras el Gobierno tiene confrontación hasta en su propio gobierno, con sus socios de gobierno pidiendo dimisión de la ministra, nosotros llegamos a acuerdos con todos los agentes implicados en vivienda, porque es fundamental y en lo que está trabajando el Consell", ha añadido.
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