La Generalitat acusa al Gobierno central de "dejar a cero" la inversión en obras contra inundaciones

Desde 2018 hasta octubre de 2024, "ni el Ministerio de Transición Ecológica ni la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han destinado un solo euro" a las obras de encauzamiento y acondicionamiento de ríos y barrancos en Valencia, a pesar del riesgo latente de inundaciones en la región. Así lo han denunciado fuentes de la Generalitat Valenciana, que critican la ausencia de inversiones preventivas para minimizar el impacto de las riadas.

El Gobierno sólo ha comenzado a invertir después de la catástrofe del 29 de octubre, cuando una dana provocó inundaciones devastadoras en varias zonas de la provincia de Valencia. Sin embargo, antes de esta tragedia, no se habían ejecutado trabajos de conservación y mantenimiento de ramblas y barrancos, pese a que estas intervenciones podrían haber reducido significativamente los daños.

Desde enero de 2018 hasta octubre de 2024, el Ministerio de Transición Ecológica licitó obras en la Comunitat Valenciana por valor de 378,6 millones de euros, según datos de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana. De este montante, solo 37,2 millones de euros fueron destinados a la CHJ, y ni un solo euro se destinó a infraestructuras para reducir el riesgo de inundaciones en barrancos como el del Poyo.

A pesar de la necesidad de obras antiriadas, el dinero público fue empleado en otras actuaciones, como la sustitución de luminarias en embalses por tecnología LED, reparaciones en instalaciones eléctricas y luces de emergencia, obras para un modelo físico de la Presa de Beniarrés en laboratorio, reparación de fugas en sifones del canal de la margen izquierda del río Magro, adecuación de instalaciones eléctricas en presas de Alicante y Bellús, actuaciones para la movilización de sedimentos en el río Villahermosa, obras de acceso al Sifón de Loriguilla en Valencia y la adecuación integral de oficinas de la CHJ en Alicante.

Pero lo más llamativo para la Generalitat es que en 2024, antes de la dana, la CHJ destinó 8,5 millones de euros a la mejora de eficiencia energética de su sede en Valencia, sin dedicar ninguna partida a la prevención de riadas.

Otra de las grandes críticas es que la CHJ no ha invertido "ni un euro" en la implantación de un Sistema de Alerta Temprana, una tecnología utilizada por otras confederaciones hidrográficas, como la del Ebro, y que según el propio Gobierno, es clave para salvar vidas en caso de inundaciones. Este sistema ha sido activado sólo tras la tragedia del 29 de octubre.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez había reconocido en 2021 que los proyectos de acondicionamiento del barranco del Poyo y del barranco de La Saleta se habían paralizado por "falta de disponibilidad presupuestaria". Sin embargo, según la Generalitat Valenciana, los hechos demuestran que sí había dinero, pero se destinó a otras prioridades, como la rehabilitación de oficinas de la CHJ.

La única licitación vinculada a la mejora de barrancos fue una actuación de emergencia en el barranco del Carraixet por daños de lluvias entre marzo y mayo de 2022, con un presupuesto de 950.000 euros. Para el barranco del Poyo y La Saleta, no se asignó ningún fondo.

Cuatro meses después de la dana, la CHJ ha reconocido en documentación remitida a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Valencia que la Ley de la Huerta, impulsada por el Botánico de Ximo Puig y Compromís, impidió ejecutar obras en el barranco del Poyo. Este reconocimiento llegó sólo semanas atrás, lo que ha generado críticas por la falta de previsión del organismo.

Sólo tras el desastre del 29 de octubre, la CHJ ha invertido 84 millones de euros en obras de emergencia, principalmente para reparar daños en infraestructuras hídricas de la cuenca del Júcar. Esta inversión tardía deja en evidencia, según la Generalitat Valenciana, que el Gobierno central no actuó con la previsión necesaria para evitar el impacto de las inundaciones.