La Generalitat denuncia que el Gobierno de Sánchez rechaza la mayoría de las peticiones de ayuda del Consell para familias, obras de reconstrucción y sectores productivos cinco meses después de la riada

El barranco del Poyo en Massanassa. EFE/ Kai Försterling/Archivo

La Generalitat Valenciana ha denunciado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado total o parcialmente la mayoría de las peticiones formuladas por el Consell en el marco de los grupos de trabajo creados tras la riada del pasado 29 de octubre. Estos foros, impulsados por la administración autonómica para coordinar la recuperación de las zonas afectadas en colaboración con el Ejecutivo central, han dado como resultado un "balance decepcionante", según fuentes del gobierno valenciano.

Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los consellers de diversas áreas han mantenido múltiples reuniones con ministerios del Gobierno central, presentando un total de 58 medidas para atender la emergencia y reactivar la economía y los servicios en las comarcas afectadas. Sin embargo, solo 18 han sido aceptadas, y la mayoría de ellas sin implicar inyecciones económicas significativas.

La Generalitat critica que el Gobierno haya descartado especialmente aquellas iniciativas que requerían inversiones directas. Entre las propuestas rechazadas se encuentran:

1.134 millones de euros para equipamientos educativos en colegios e institutos dañados.

45 millones para abonar prestaciones por dependencia de noviembre y diciembre, así como para establecer una ayuda extraordinaria.

250 millones para reparar infraestructuras sociosanitarias como residencias y centros de día.

2,6 millones para habilitar un centro de acogida temporal para quienes perdieron su vivienda.

3 millones para rehabilitar viviendas públicas afectadas y finalizar obras de realojo.

La petición de 1.050 viviendas de la Sareb para alojar a personas damnificadas, de las cuales solo se han entregado 92.

Financiación de 550 millones en obras que ya ejecuta el Consell en infraestructuras críticas como carreteras, metro, depuradoras o puertos. Solo se ha prometido (sin fecha) una aportación de 100 millones para depuradoras.

Ayudas fiscales como la exención del IBI 2025 o la reducción del IAE, también rechazadas.

Tampoco se ha aceptado cofinanciar medidas como la tarjeta gratuita "Recuperem València" de transporte público ni permitir que fondos europeos como los MRR, FEDER o FSE se destinen a cubrir gastos de emergencia. Otras áreas desatendidas incluyen la cultura, la sanidad (donde se solicitaron 140 millones) y la inclusión de 28 municipios afectados en los planes estatales de reconstrucción, pese a sufrir daños evidentes.

Especialmente preocupante es, según la Generalitat, la gestión de la salud mental tras la catástrofe. El Ministerio de Sanidad prometió en febrero la creación de 14 unidades de emergencia, de las cuales solo 9 han sido aprobadas —8 para la Comunitat Valenciana—, y ninguna está aún operativa. Tampoco se ha enviado ningún recurso para atender a los damnificados.

Desde el Consell se destaca el "esfuerzo desproporcionado" que está realizando la administración autonómica, que ha asumido en solitario el grueso de las actuaciones necesarias pese a contar con un presupuesto doce veces inferior al del Estado (32.300 millones frente a 386.000 millones) y una capacidad de endeudamiento muy limitada.

Además, la Generalitat denuncia que el Gobierno ha rechazado aprobar un FLA extraordinario, lo que ha supuesto la pérdida de 3.000 millones de euros, y tampoco ha actualizado las entregas a cuenta del sistema de financiación, lo que resta 200 millones mensuales a los recursos de la Comunitat.

Este nuevo desencuentro entre ambas administraciones reaviva la demanda del Consell de una reforma urgente del sistema de financiación autonómica y la creación de un fondo de nivelación transitorio que compense la infrafinanciación estructural que sufre la Comunitat Valenciana.