La Generalitat inicia los trámites para garantizar el acceso a la banca en zonas despobladas

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha iniciado una consulta pública sobre la modificación de las bases reguladoras en relación con las subvenciones destinadas a incentivar y fomentar la prestación de servicios bancarios básicos por parte de los operadores bancarios, mediante la instalación y puesta en funcionamiento de cajeros automáticos en municipios en riesgo de despoblamiento.

El objetivo de la modificación del Decreto 1/2020, que regula dónde están actualmente instalados estos cajeros, es actualizar este listado para determinar los municipios de exclusión financiera en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con el fin de preparar una nueva convocatoria pública de ayudas para los operadores bancarios.

La consulta pública, previa a la elaboración del correspondiente texto normativo, constituye un trámite preceptivo de acuerdo con la normativa aplicable. Con ello, se pretende hacer frente a la realidad de la exclusión financiera, vinculada al fenómeno de despoblamiento, el envejecimiento de la población, la baja densidad poblacional, la escasa cobertura telemática, las limitaciones en el transporte y la infraestructura, que complican la sostenibilidad económica y social, y, en consecuencia, la vida en estos pueblos.

El secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, ha resaltado que la Generalitat está garantizando la continuidad del servicio de 135 cajeros automáticos en 124 municipios de interior, que carecen de sucursal bancaria y que sufren el fenómeno de la despoblación.

Según Carlos Gil, “este Consell está trabajando de una manera transversal para garantizar el mantenimiento de este servicio esencial, ya que el contrato vigente, heredado de la legislatura anterior, vencía en enero de 2026, sin posibilidad de prórroga". "Nuestro objetivo es, que cualquier ciudadano, independientemente del lugar donde viva, tenga las mismas oportunidades”, ha añadido.   

Para ello, la Generalitat cubrirá las anualidades de 2026 y 2027 con una línea compensatoria y un reajuste presupuestario. Paralelamente, en 2026 se iniciará la licitación para adjudicar el nuevo contrato en 2027, que entrará en vigor en 2028.

Asimismo, se incluye una dotación de 100.000 euros para cada una de las diputaciones provinciales en el presupuesto de 2026. Este fondo está destinado a combatir la exclusión financiera y facilita que las corporaciones provinciales puedan ayudar a los ayuntamientos con menor capacidad de gestión a abordar la licitación de este servicio.

La Generalitat continúa apostando por el establecimiento de políticas públicas encaminadas a combatir la exclusión y reducir el número de municipios sin acceso a servicios financieros. Por ello, ante la regulación vigente de la Ley de despoblamiento de la Comunitat Valenciana, resulta necesario adecuar el campo de acción, preferentemente a los municipios en riesgo de despoblamiento que carezcan de entidad financiera.

Las aportaciones y opiniones se pueden enviar para su consideración a través del portal Participa.

El plazo de las aportaciones se inicia este miércoles 18 de febrero, tras su publicación este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La consulta se prolongará durante diez días naturales. Una vez concluido este trámite, se informará del resultado de la participación mediante una valoración global.