La Generalitat moviliza más de 300 millones de euros para proteger la economía valenciana frente a la guerra de Irán

Las comunidades autónomas han puesto en marcha medidas de ayuda ante la guerra desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que van desde los créditos al apoyo directo al campo o la pesca, descuentos en el combustible o alivio de cargas fiscales, todas las cuales ascienden a 2.420 millones de euros.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció la semana pasada ayudas ante la guerra de Irán valoradas en 5.000 millones de euros.

Entre los ejecutivos autonómicos destaca el País Vasco, con más de 1.000 millones de euros, y luego Cataluña y la Comunitat Valenciana, con 400 y 300 millones de euros, respectivamente, y con 287 millones en el caso de Castilla y León, según aprobó ayer esa comunidad en Consejo de Gobierno.

Galicia ha anunciado un plan propio con 150 millones de euros de dotación.

En Navarra el ejecutivo ha anunciado un plan de choque fiscal de 37 millones de euros. En Baleares, el Consell ha prometido 84 millones de euros. En Murcia, el gobierno autonómico ha movilizado, por ahora, 10 millones de euros.

El Gobierno Vasco aprobó el pasado día 17 de marzo un paquete de ayudas dirigidas principalmente a la industria, las pymes y a la protección del empleo, con una dotación económica de 1.047 millones de euros.

Entre las partidas más relevantes está la del programa de apoyo financiero a la actividad económica, con un primera actuación con 100 millones de euros en préstamos destinados a cubrir necesidades de liquidez y financiación de circulante.

Las diputaciones forales, competentes en materia fiscal, también participan, con medidas dirigidas a garantizar la liquidez como aplazamientos extraordinarios en el pago de impuestos, la exoneración de pagos fraccionados, la amortización acelerada de inversiones o el adelanto de las devoluciones del IVA.

Por su lado, la Generalitat catalana aprobó la pasada semana un primer paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Oriente Medio, con 400 millones de euros de ayudas directas para proteger a las familias, los trabajadores y empresas.

La Comunitat Valenciana también ha aprobado medidas para contrarrestar los primeros efectos económicos en la comunidad derivados de la guerra en Oriente Medio, que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, cifró en más de 300 millones de euros.

Entre estas ayudas se incluyen una línea de créditos bonificados dotada con 100 millones para empresas; una línea de ayudas a los autónomos todavía por cuantificar; cambios en ayudas y subvenciones ya previstas, y las rebajas fiscales que ya se aplican en la Comunitat y que supondrá un ahorro de 100 millones este ejercicio fiscal, según la Generalitat.

En cuanto a Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprobado un plan de ayudas de 150 millones de euros; entre ellas están las destinadas a facilitar circulante a las empresas que trabajan en la zona afectada por el conflicto, ayudas compensatorias a los transportistas y apoyos para el sector primario (agrícola y marítimo).

En Baleares, el Consell ha anunciado medidas por valor de 84 millones de euros para paliar los efectos de la guerra, y en Murcia ya están en marcha algunas medidas, inicialmente por valor de 10 millones de euros.

 La Junta de Castilla y León aprobó ayer miércoles un paquete de ayudas de 287 millones de euros -117,4 millones correspondientes a las rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno central-, para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con especial incidencia en los sectores dependientes del petróleo.

Se trata de 28 medidas agrupadas en siete bloques específicos para atender las diferentes necesidades de los sectores productivos y las familias, con 113 millones para la financiación de sectores empresariales, 33,3 millones para eficiencia y ahorro energético, 10 millones para garantizar el funcionamiento de servicios públicos, 7 millones para favorecer la empleabilidad, 5 millones para reforzar el transporte colectivo de viajeros y 1 millón para ampliar el apoyo a las familias vulnerables.

En el caso de Andalucía, la Junta ha puesto el acento en coordinarse con el Gobierno central. De hecho, el PSOE andaluz presiona al presidente autonómico popular Juanma Moreno para implemente un plan autonómico.

Por su parte, la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, apuntó la semana pasada que es el Estado quien tiene que poner medidas encima de la mesa para mitigar el impacto de la guerra en los sectores productivos, por ser el que "tiene la competencia principal para hacerlo", y tildó de "insuficientes" las medidas adoptadas hasta el momento.

Le respondió la portavoz del ejecutivo central, la ministra Elma Saiz, en la rueda de prensa del Consejo de ministros de esta semana, lamentando “la parálisis” derivada de las negociaciones para formar Gobierno entre PP y Vox en autonomías como Extremadura.

“Los cálculos electorales” han prevalecido en esos casos sobre la necesidad de poner medidas encima de la mesa, apuntó Saiz.

Aragón, donde la situación tras los recientes comicios es similar a la de Extremadura, tampoco ha aprobado medidas, aunque el ejecutivo ha anunciado algunas, por ejemplo de tipo fiscal.

Sin embargo, otras autonomías con Gobiernos estables no han anunciado todavía medidas; es el caso de La Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha.

Otras requerirán un trato especial, como es el caso de Canarias, donde el Gobierno de España financiará mediante mecanismos de compensación las medidas estatales, ya que parte de las que ha aprobado el Consejo de Ministros no tienen aplicación en esas islas.