La Generalitat promueve la intervención social y regulariza 91 viviendas que estaban ocupadas sin título en el barrio Virgen del Carmen de Alicante

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ya ha regularizado la situación de 91 viviendas públicas ocupadas sin título en el barrio Virgen del Carmen de Alicante.

Este es el primer resultado de la campaña de regularización que la Conselleria ha puesto en marcha, tras el refuerzo en intervención social que se está aplicando en el parque público de vivienda. El motivo de comenzar por Alicante es claro. Es la localidad en la que se registran más ocupaciones sin título, con un total de 276.

Para desarrollar esta campaña a la mayor celeridad posible, se ha contratado un equipo de apoyo para la ciudad de Alicante, aunque el objetivo es ampliar la contratación para desarrollar el procedimiento en todos aquellos municipios que se encuentren en esas mismas circunstancias.

En la actualidad, un número elevado de viviendas de la Generalitat están ocupadas irregularmente. Sin embargo, muchos de estos ocupantes son susceptibles de acogerse a una posible regularización ya que cumplen las condiciones para ser adjudicatarios de una vivienda pública y, en algunos casos, viven una situación de vulnerabilidad social.

La campaña se ha iniciado en el grupo Virgen del Carmen, en el que se estiman que hay 155 viviendas ocupadas irregularmente. Por el momento ya se han tramitado 91 adjudicaciones, a la espera de revisar la habitabilidad de las viviendas para poder firmar los contratos de alquiler social. El resto de expedientes están muy avanzados.

Durante el procedimiento también se ha comprobado que una decena de casos no son regularizables por no cumplir con alguno de los requisitos exigidos, como por ejemplo ser titular de otra vivienda.

Para ofrecer una atención más cercana y eficaz, las trabajadoras sociales han atendido estos meses a las familias en la sede de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen, mientras que ahora se continuará haciendo en un local que EVha dispone en el barrio.

Este servicio se encarga de identificar y apoyar socialmente a las familias que ocupan estas viviendas y las acompaña hasta que formalizan los contratos de alquiler social y se lleve a cabo su inserción en las comunidades de vecinos.

Mientras se trabaja en el grupo Virgen del Carmen, recientemente también se ha iniciado la campaña en el grupo Miguel Hernández, en el que se estima que hay más de 90 familias sin título susceptibles de normalizar su situación. Por último se seguirá en otros grupos más reducidos de la ciudad.

El director general de EVha, Alberto Aznar, ha destacado que la "regularización del parque público de la ciudad de Alicante ya es una realidad que forma parte de la nueva forma de actuar del gobierno del Botànic".

Del mismo modo, la subdirectora de Intervención Social de Evha, Helena Ferrando, ha valorado el impulso que desde la entidad se está dando a la mediación social ya que, a través de ella, "se están solucionando situaciones muy complejas y se contribuye de una manera importante a mejorar la convivencia" en los grupos de vivienda pública".

Por ese motivo, ha asegurado que desde la Administración autonómica se va a seguir apostando por este modelo de gestión que fomenta la inclusión y la cohesión social.

La Generalitat ha buscado mecanismos que ayuden a regularizar la situación de cerca de mil familias que residen en viviendas del parque público sin título desde hace años. En abril de 2017 entró en vigor una resolución de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana que establecía los criterios para estudiar la regularización de los y las ocupantes de estas viviendas, estudiando caso a caso las circunstancias de cada familia.

Con el paso del tiempo, muchas de estas familias mejoraron las condiciones de habitabilidad de la vivienda y se integraron en las comunidades de vecinos y vecinas, pero la falta de un título legal les impedía normalizar su situación y las dejaba fuera del marco legal frente a la Generalitat.

También hay que tener en cuenta que se trata de una actuación excepcional para familias que residen sin título durante años en viviendas públicas, ya que el Consell determinó no permitir nuevas ocupaciones ilegales porque vulneran los derechos de las personas registradas en la lista de solicitantes de vivienda, impiden la rehabilitación del inmueble y suponen un riesgo puesto que suelen estar enganchados ilegalmente a las redes de suministros.