Vista general del barranco del Poyo a su paso por Paiporta, a finales de abril. EFE/Biel AliñoLa Generalitat recibirá 30,8 millones de los 100 millones de anticipo del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para hacer frente a los daños causados por la dana, mientras a los ayuntamientos afectados por esta catástrofe tendrán derecho a percibir 23,5 millones.
Así consta en la carta que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Europeos, ha remitido a la Generalitat y a los ayuntamientos afectados, en la que les comunica el procedimiento para recibir este anticipo del Fondo de Solidaridad europeo.
El adelanto aprobado por la Comisión Europea asciende a 100 millones y permite comenzar a cubrir parte de los gastos elegibles relacionados con las actuaciones de emergencia, rehabilitación y reconstrucción realizadas en las zonas afectadas, ha informado el Gobierno.
El Ejecutivo ha recordado que el 21 de enero de 2025 presentó una solicitud de ayuda financiera a la Comisión Europea con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE por importe de 4.403 millones de euros.
De esa cantidad, la mayor parte, más de 2.000 millones, corresponde a gastos de la Administración General del Estado, frente a los 1.357 millones solicitados por la Generalitat y 1.035 millones consignados para los ayuntamientos.
En abril, la Comisión ingresó un anticipo de 100 millones, una cantidad que representa un adelanto de la ayuda total que finalmente determine este organismo europeo tras la evaluación completa de los daños.
Distribución del anticipo
El reparto de este se calcula en función de lo que representa el gasto consignado por la Generalitat o por cada ayuntamiento respecto al total solicitado, han precisado las mismas fuentes.
En el caso de la Generalitat, la carta enviada informa de que le corresponden 30,8 millones del anticipo, un importe acorde al peso del gasto presentado por la Administración autonómica sobre el total enviado a la Comisión para ser financiado por dicho mecanismo europeo.
El Ministerio de Hacienda también ha remitido una carta a los municipios afectados por el desastre natural que tenían gastos consignados para este fondo, en la que les comunica el dinero al que tienen derecho, y que en conjunto, asciende a 23,5 millones de adelanto.
Ahora se abre un periodo máximo de 10 días hábiles en el que las administraciones deben responder si quieren ser receptores de este anticipo.
En el caso de que algún ayuntamiento opte por no participar del anticipo, los fondos se reasignarán automáticamente a la Comunitat Valenciana para que pueda hacer frente a los gastos de emergencia, rehabilitación o reconstrucción.
En cualquier caso, en la carta se aclara que renunciar al anticipo no implicará en ningún caso la renuncia a la obtención final de ayuda con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE, por lo que todas las Administraciones recibirán el dinero que les corresponda con independencia de que hayan o no solicitado el anticipo.
Desde el Gobierno, han destacado que los ayuntamientos ya han recibido 1.745 millones en transferencias de la Administración central para sufragar gastos de la dana y que se encuentran en proceso de ejecución.
Asimismo, en las cartas enviadas se recuerda que aceptar el anticipo conlleva el compromiso de cumplir con lo establecido en el Reglamento del Fondos de Solidaridad.
Esto implica, la aplicación de mecanismos de gestión y control eficaces; la justificación regular y verificable de los gastos; la prevención y corrección de irregularidades; el cumplimiento de las directivas de contratación de la Unión Europea, y la garantía de que no se produce doble financiación con otros instrumentos de la UE.
Más allá de la ayuda procedente del Fondo de Solidaridad, el Gobierno ha asegurado que está comprometido con movilizar los recursos necesarios para mitigar el impacto provocado por la dana.
Según los datos de ejecución presupuestaria de 2024 y los primeros meses de 2025, la Administración central ha destinado ya más de 7.400 millones a paliar los daños provocados por la dana, lo que supone más del 90 % de los recursos ejecutados por todas las Administraciones Públicas, explica el texto.
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