La Guardia
Civil está desarrollando desde primeras horas de la mañana en las provincias de
Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia,
Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, la operación, ENREDADERA,
en la que está previsto detener e imputar a varias personas como presuntos
autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales,
alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento
mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
Igualmente, en
el operativo los agentes realizan varios registros en empresas y domicilios de
las citadas provincias.
Esta fase de explotación
es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre
empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un
derecho de opción de compra de terrenos de MERCASEVILLA SA, donde quedó
evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta
el 2007 Director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla.
Del informe
patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad
FITONOVO, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples
dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que
provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones,
registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa FITONOVO.
Del análisis
de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad
operativa de los investigadores se averiguó que la dirección de la empresa
FITONOVO había creado una infraestructura destinada a obtener contratos
públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar
una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha
contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de
facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y
responsables públicos.
Las prácticas ilícitas
descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente:
pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las
prestaciones comprometidas. Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada
de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba
al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de
contratación.
La operación,
dirigida por el Juzgado de Instrucción número SEIS de Sevilla, que ha decretado
el secreto de las actuaciones, está
siendo realizada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil.
Para más
información pueden ponerse en contacto con la Oficina de Comunicación de la
Unidad Central Operativa del Servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil
(UCO), teléfono 915 031 327.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia