La Infanta

Paco Novella.

La imputación mantenida con­tra la Infanta Cristina en el caso Nóos no sólo responde a crite­rios “objetivamente” penales sino que, aprovechando la debilidad de la Monarquía irreversiblemen­te dañada, también es una forma subjetiva que pretende subvertir el orden político y jurídico actual bajo el paradigma de un sistema republicano casi considerado por algunos como un lugar idílico donde nunca sucede nada y que puede cambiar y transformarse de tanto en tanto

La Infanta y su marido, aunque gocen de la presunción de inocen­cia, despiertan no sólo el rechazo social y la antipatía-también can­sancio y hartazgo- sino también el aborrecible hastío pues hay datos suficientes para creer que el Instituto Nóos, dirigido por ellos, malversó el dinero procedente de la Administración y que se les dio más por ser ellos que por haber al­canzado méritos suficientes para captar esos fondos públicos cuyo destino era desconocido aunque luego aparecía en forma de pala­cete en Pedralbes y apartamentos en Mallorca y en otros lugares también producto del uso frau­dulento del Instituto Nóos que en principio ejercía públicamente su labor bajo el título del teórico “ sin áni­mo de lucro”, más una excusa que una verdadera y leal ob­servancia de la ley.

Al ser preguntado el que fuera ministro en el gobierno de Aznar y presidente también de las Balea­res, Jaume Matas respondió con total tranquilidad que había adju­dicado ese dinero a los proyectos de Iñaki Urdangarín porque era “Él” y no otro quien quería captar aquellas subvenciones públicas presumiblemente legales aunque luego se servirían de todo un en­tramado para “lavarlas”y presen­tar su trabajo y dedicación en una apariencia altruista después vista como ilícita

Este extremo quizá es el que provoca doblemente el escándalo y la comprensible y consecuente alarma social al creer que el Jefe de Estado y su familia son quie­nes primero han de cumplir la ley y aparentar que todo es normal, diríase casi correcto.Al no hacer­lo, no sólo se ha roto esa aparente “intocabilidad” del Rey sino que también ha sometido al juicio pú­blico la forma de Estado y la co­rrespondiente vigencia de la Cons­titución actual de 1978.