El
Juzgado de Instrucción 21 de Valencia ha dejado sin efecto la citación
al empresario Augusto César Tauroni,
preso tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia por el “Caso Cooperación”.
Tauroni, que había pedido declarar voluntariamente ante la magistrada
que instruye otras dos piezas separadas en las que está investigado junto
al
exconseller Rafael Blasco, a su equipo en la Conselleria de Inmigración y
Ciudadanía y a otras personas por presuntas irregularidades en la
concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo,
presentó ayer un escrito
en el Juzgado pidiendo la suspensión de la declaración prevista para mañana.
Se mantiene para el mismo día la declaración de
otros
dos investigados en esta causa abierta por supuestos delitos delitos de
prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de
subvenciones, falsedad documental y cohecho.
Se trata de
Fernando Cañete, empresario que facturaba a las ONG`s y su esposa,
Isabel Castillo, empleada de la Fundación Entre Pueblos, después llamada
Hemisferio.
Mañana también
está citado el hermano de Tauroni, que también pidió declarar
voluntariamente ante la magistrada instructora. Está investigado en las
dos piezas separadas.
Dos piezas separadas
Tras la dimisión
del exconseller como diputado autonómico y su consiguiente pérdida de
aforamiento ante el TSJCV, el Caso Cooperación retornó a Instrucción 21.
En este tiempo, la titular de dicho órgano
judicial ha imputado a una persona más y ha tomado declaración a más de
60 testigos, 22 de ellos en el marco de la pieza separada número 2, la
que investiga las subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas
ONG’s en los años 2009, 2010 y 2011.
En esta pieza hay
23 investigados (imputados según la denominación anterior a la reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que figuran el
exconseller Blasco, el que fuera jefe de área de
Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el
empresario César Augusto Tauroni.
Esta pieza está abierta por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.
La pieza separada
número 3, la que investiga el desvío de fondos para la construcción de
un Hospital en Haití, se encuentra en la recta final de la instrucción,
después de que la jueza haya tomado declaración
a 34 testigos desde que el TSJ devolvió la causa. Hay 12 imputados,
entre ellos, Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni.
Blasco y su equipo ya fueron condenados
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a penas
de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a
la Cooperación y el Desarrollo.
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