La jueza del "Caso IVAM" rechaza la petición de la exdirectora, Consuelo Císcar, para que Protección de Datos investigue las filtraciones sobre su patrimonio

Cipriana Ciscar, a la derecha. FOTO EPDA

La jueza del “Caso IVAM”, que investiga irregularidades en la gestión del museo valenciano, ha rechazado la petición de la exdirectora, Consuelo Císcar, mujer del encarcelado Rafael Blasco, de poner en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos las informaciones sobre su patrimonio incluidas en las diligencias judiciales que han aparecido publicados en diversos medios de comunicación.

La exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno está imputada por delitos de malversación, prevaricación y falsedad por los sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la edición de publicaciones.

La instructora, de conformidad con el criterio del fiscal, considera que no procede remitir la información a la Agencia de Protección de Datos porque ya existe un procedimiento penal en trámite por los mismos hechos, que tiene preferencia sobre la vía administrativa que reclama la interesada.

Císcar, según señala la jueza en su auto, ha presentado una denuncia en un juzgado de Instrucción contra varios periodistas por un presunto delito de revelación de secretos.

La causa, que nació en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía se dirige contra Císcar y otras cinco personas, que tienen la condición de investigadas, término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.

Las seis personas contra las que se dirige la causa tendrán que declarar como investigados (imputados). Su declaración no tiene aún fecha, a la espera de que la jueza reciba los informes de la UDEF y de la pericial reclamada al Ministerio de Cultura, de la que, a su vez, depende el informe que ha de completar la Intervención General.