La jueza que investiga la causa penal sobre la gestión de la dana en Valencia ha citado a declarar como testigos a los alcaldes de Montserrat, Pedralba, Godelleta y Turís, todos ellos municipios asolados por las inundaciones, y a un comandante jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
En una providencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la instructora de Catarroja llama asimismo a testificar, igualmente sin fecha, a un exjefe de prensa de la Conselleria de Justicia e Interior, y como peritos a un catedrático de Geografía Física de la Universitat de València y a un meteorólogo miembro de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).
La citación del comandante jefe de la UME se ha acordado tras la solicitud de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia.
Respecto a los alcaldes, deberán declarar como testigos el alcalde de Pedralba, Andoni León; de Montserrat, Sergio Vilar; de Turís, José Corell, y de Godelleta, Amparo Pardo.
Sube a 26 el número de alcaldes y alcaldesas que tendrán que testificar
Tras estas citaciones sube a 26 la cifra de máximos responsables que presidían algunos de los municipios asolados por las inundaciones aquel 29 de octubre -todos ellos en el cargo salvo las exalcaldesas de Requena y de Chiva- que han sido ya llamados a testificar en esta causa, sin fechas aún fijadas.
En un reciente auto, la instructora inadmitía el ejercicio de la acción penal contra el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, solicitada en una denuncia por las hijas de una fallecida, al considerar que existe una "diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica al objeto de lanzar alertas a la población y la adopción de medidas de autoprotección".
"El análisis fragmentario de la información disponible, no solo por dicho Ayuntamiento, sino en general por la totalidad de ellos, a diferencia de quienes asumían legalmente el mando de la emergencia en la Administración autonómica, quienes contaban con múltiples canales de información (…), impide atribuir la posición de garante, no solo al alcalde de Utiel, sino al resto de alcaldes, quienes se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar", precisó la instructora en ese auto del pasado 2 de mayo.
Y concluía que la atribución “indiscriminada” de responsabilidad penal en los fallecimientos a cualquier autoridad o funcionario público, y en especial de las autoridades locales, “ha de descartarse de plano”.
La jueza cita a dos peritos y reclama informes publicados
En el mismo auto, la jueza acuerda pedir el artículo publicado en febrero del perito de la Universitat Politècnica de València (UPV) Francisco Vallés, al que hizo referencia en su declaración del 9 de mayo ante el juzgado, así como trasladar a las partes la transcripción de su declaración y los vídeos que aportó.
Además, solicita recabar de la Universidad de Alicante el artículo publicado en 'Investigaciones Geográficas' y citar como peritos para su interrogatorio conjunto ante el juzgado al catedrático de Geografía Física de la Universitat de València Alejandro J. Pérez y al doctor en Geografía, meteorólogo y miembro de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) Rafael Armengot.
La jueza de Catarroja que investiga la causa penal de la dana de octubre ve como "un auténtico bulo" la repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo y considera que ha de descartarse cualquier efecto negativo en los sucesos pues indica que fue al contrario: se produjo "un efecto beneficioso".
Así lo indica en un auto con fecha de este miércoles en respuesta a la solicitud de declaración testifical de uno de los ponentes en el Senado sobre el Proyecto de Ley para la Protección de Infraestructuras Críticas.
La magistrada justifica el rechazo a la solicitud presentada por una acusación particular en que esa declaración versaría sobre la presa de Forata cuando ésta, como han declarado varios peritos durante la instrucción, no tuvo ninguna influencia en el caudal del barranco del Poyo y no guarda, por tanto, relación alguna con los fallecimientos y las lesiones investigados en esta causa.