Pako Albalat. El pasado día 25 de noviembre se aprobó en el pleno de Paiporta el acuerdo con la Generalitat Valenciana para la cesión de los derechos de tanteo y retracto. Pese a que aún no se ha formalizado el acuerdo con la firma del convenio, este es un paso muy importante para Paiporta.
El Decreto-ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, presentado por Unides Podem, está siendo uno de los acuerdos más relevantes de esta legislatura, tanto en el ámbito autonómico como municipal. Para quién todavía no sepa de que trata este decreto lo explicamos brevemente. La Generalitat Valenciana aprobó tener prioridad para intervenir en la venta de viviendas a costes por debajo de mercado. Estas situaciones sucedían y suceden “por debajo de la mesa”. Cuándo una persona accede al mercado a comprar una vivienda tiene un precio, normalmente muy elevado para sus intereses, pero en muchos casos hay bancos (o la SAREB, el llamado Banco Malo) vendiendo viviendas o lotes de viviendas por debajo de precio de mercado. Esto significa que un banco que tiene vivienda vacía y quiere obtener liquidez, vende a un precio muy bajo. El problema estaba en que los bancos no acudían a las administraciones a ofrecer vivienda pública a coste bajo, sino que los únicos beneficiarios de estos costes eran fondos de inversión (los fondos buitre), que compran para especular con ese precio que a ti te cuesta tanto pagar.
Estos tratos están convirtiendo a los fondos buitre en los mayores tenedores de vivienda en España. Con el pacto, la Generalitat Valenciana puede intervenir antes de efectuarse estas ventas y adquirir la vivienda para el parque público al precio de la oferta. El resultado a día de hoy es que la Generalitat ha adquirido 506 viviendas sólo en 2020, y en 2021 seguramente se superará esta cifra, y alguna de estas viviendas han sido adquiridas por precios entre 1 y 10€ (hay más caros). Cabe destacar y recordar que el Decreto no llegó sin polémica. A poco de ser aprobado en les Corts, el entonces Vicepresidente 2º de Vivienda de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau, denunciaba en sus redes sociales estar recibiendo presiones tanto de poderes públicos como privados.
Ojalá no se tuviesen que dar estas noticias, pero en realidad estas presiones están tan asumidas socialmente como la corrupción de la que se nutren los fondos buitre. Lo difícil es eso, aguantar las presiones, porque por desgracia muy pocas veces los avances sociales han llegado sin esfuerzo y sin valentía.
Podem y Esquerra Unida de Paiporta presentamos conjuntamente la propuesta al Ayuntamiento en el mes de mayo, a sabiendas de que las presiones a nivel municipal no llegan tan lejos, pero a veces es más efectivo el miedo que cuida la viña. No está todo hecho como para cantar victoria. El tener una herramienta no te hace experto, y será necesario un buen trabajo para conocer hasta dónde podremos llegar.
A falta de conocer datos de en qué casos se podría intervenir, sí que podemos conocer cuáles son las necesidades que tiene Paiporta. La vivienda pública es un salvavidas para cualquier situación de necesidad.
Alrededor de 35 mujeres de Paiporta han hecho denuncias por violencia machista y tienen órdenes de protección. Mujeres que en un momento dado pueden necesitar una independencia habitacional, ya que en muchas de estas situaciones la víctima tiene dependencia económica del agresor. Vivienda pública. También personas que por circunstancias económicas ajenas a su voluntad se vean expulsadas de mercado laboral. Así como personas con diversidad funcional con necesidad de viviendas adaptadas o incluso viviendas tuteladas. Este servicio va más allá de las propias personas beneficiadas porque en estos casos los cuidados recaen sobre las familias y su calidad de vida. O simplemente jóvenes que quieren independizarse y no pueden por el elevado precio del mercado (en Paiporta una vivienda de 80 a 90 m2 sin ascensor está sobre los 450€ al mes).
Lo evidente es que la vivienda es un derecho, y la administración debe garantizar y mediar para que este derecho sea totalmente universal y no dejar a nadie de lado. El camino es largo pero si hay voluntad lo caminaremos juntas. Y por lo visto en el último pleno, dónde empiezan a amanecer discursos contrarios a lo que una sociedad de derecho desea, nos conviene marcarnos esta ruta y seguirla sin atender a presiones ni amenazas y que la ciudadanía vea que conseguir derechos no es una utopía ni papel constitucional mojado. Este es el camino.
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