El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación, Manuel Alcaraz, ha anunciado que la nueva Ley de
Responsabilidad Social contemplará la prohibición de que la
Administración valenciana contrate con empresas que radiquen u operen en
paraísos fiscales o que se hayan visto incursas en casos de corrupción.
El
conseller ha realizado estas declaraciones durante la presentación del
borrador del anteproyecto de Ley de Fomento de Responsabilidad Social en
la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, acto al
que también ha asistido el director general de Responsabilidad Social y
Fomento del Autogobierno, Josep Ochoa.
El borrador de la
ley de Responsabilidad Social incorpora la obligación de que la empresa
licitadora se comprometa, en caso de resultar adjudicataria, "a ejecutar
el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que
los ingresos o beneficios procedentes del contrato serán íntegramente
declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente,
prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su
consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales,
según la lista de países elaborada por instituciones europeas y/o el
Estado español".
Alcaraz ha afirmado que el borrador de
este texto legislativo "representa un paso muy importante en materia de
participación y transparencia, documento que servirá para establecer,
además, cláusulas sociales en las contrataciones de la administración
pública y estímulos a la responsabilidad social para las empresas,
especialmente en pymes y autónomos".
De hecho, en palabras
del conseller Alcaraz, "la introducción de cláusulas de responsabilidad
social y buenas prácticas por parte de las empresas valencianas será
prioritaria para las contrataciones que desarrolle la Generalitat y su
sector público, de acuerdo con la legislación vigente en materia de
contratación pública".
En este sentido, el conseller ha
resaltado que la apuesta por la responsabilidad social empresarial "no
debe ser ajena a la Administración", ya que "la Administración no deja
de ser una organización sujeta a la ley y el derecho pero también debe
ser responsable socialmente".
"El Consell ha dado la
importancia que merecen valores como la transparencia, el buen gobierno o
la responsabilidad social, conformando una acción transversal en los
diferentes ámbitos competenciales, una nueva forma de hacer política que
sitúa a las personas en el eje central", ha afirmado Alcaraz.
Para
el conseller de Transparencia, "la contratación pública socialmente
responsable supone una oportunidad para devolver a la sociedad una buena
parte de lo conseguido por las empresas mediante una mejora en la
calidad de vida de las personas, potenciando una sociedad más ética, más
solidaria y más inclusiva, a través de la aplicación de cláusulas de
responsabilidad social".
Contrataciones más sociales, éticas y responsables
Algunas
de estas cláusulas son de carácter social, como el fomento del empleo
de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción
laboral de personas con diversidad funcional, el fomento de la
estabilidad en el empleo y la promoción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, entre otras.
A su vez, se incluyen
requerimientos ambientales como eficiencia energética, el uso de
productos reutilizables, el empleo de energías renovables, o la
minimización de emisiones o adecuada gestión de residuos.
En
cuanto a las cláusulas éticas se recogen medidas adoptadas relacionadas
con códigos de conducta, transparencia y acceso a la información
publica, lucha contra la corrupción o comercio justo.
El
documento traslada la responsabilidad social al ámbito de la
Administración de la Generalitat y su sector público. Para ello, se
incluyen medidas de planificación como un Plan Valenciano de
Responsabilidad Social, la citada la exigencia de clausulas de
responsabilidad social en la contratación publica, la reserva de
contratos, la exigencia de memorias de Responsabilidad Social o la
creación de órganos de participación y consulta como el Consejo y
Observatorio Valenciano de Responsabilidad Social, entre otras.
El
borrador de la futura ley de responsabilidad social se abre, además, al
proceso de participación pública, foro on line que estará disponible
desde el lunes, 4 de julio, y hasta el 15 de septiembre en la web de la
Conselleria de Transparencia para recoger opiniones, propuestas,
sugerencias y observaciones.
Asimismo, se inicia un periodo
de reuniones bilaterales con los diferentes grupos de interés, como
organizaciones sindicales, empresariales, universidades, organizaciones
no gubernamentales, etc.
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