La nueva red de Oficinas de Atención a Personas Migrantes asesorará a los valencianos que trabajen en el exterior y a sus familias

La nueva red de Oficinas de Atención a Personas Migrantes tendrá entre sus funciones la de asesorar tanto a los valencianos y valencianas que viven en el exterior como a sus familiares, según ha explicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien ha destacado que también trabajarán con la población inmigrante que existe en la Comunitat Valenciana.

La nueva red, que cuenta con 86 oficinas en distintos municipios de la Comunitat Valenciana, y que nace ante la necesidad de "reestructurar y reconceptualizar la red de atención para dar respuesta a los distintos procesos migratorios y sus tipologías".

La vicepresidenta ha explicado que, con la nueva red, que entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero, la conselleria "lidera la política migratoria". Según ha explicado, "son los servicios sociales municipales quienes deben prestar la atención a las personas migrantes, mientras que la Generalitat se encargará de coordinar esta gestión a través de las oficinas", para cuya puesta en marcha se contratará a personal con cargo a líneas nominativas subvencionadas desde la administración autonómica.

La coordinación se llevará a cabo a través de dos foros que se celebrarán cada semestre con la participación de las oficinas, de las entidades del tercer sector que trabajan con población migrante y de las universidades. Además, cada mes habrá reuniones técnicas con todas las oficinas para que "la política migratoria de estas sea homogénea", ha indicado Oltra.

Así, estas oficinas informarán sobre los programas de movilidad laboral y retorno en coordinación con distintos organismos como los CEVEX, pero también darán asesoramiento a aquellas personas que tengan a sus familiares trabajando y viviendo fuera y se enfrenten a un problema concreto del tipo sanitario, administrativo o de diversa índole.

Criterios objetivos y de transparencia en la atención a personas migrantes

"Todos y todas somos o podemos ser personas migrantes", ha recordado la vicepresidenta, quien ha explicado que éste es uno de los motivos por las que las Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), puestas en marcha por el antiguo gobierno, se han quedado obsoletas, ya que se limitaban a ejercer funciones de control, supervisión y gestión administrativa.

En este sentido, ha señalado que además de unas funciones muy limitadas, las oficinas AMICS se ponían en marcha y se subvencionaban sin un criterio claro, como a su juicio lo demuestra el que la agencia que estaba en la Mancomunitat de la Canal de Navarrès, una zona que cuenta con menos de 6.000 habitantes y un colectivo de inmigrantes que no supera el centenar, percibía casi la misma cantidad que un Ayuntamiento como el de Valencia.

La vicepresidenta ha criticado "la arbitrariedad en la concesión de las ayudas porque no se sabía muy bien quién recibía las ayudas y por qué". Además, se convirtieron en "agencias de colocación de gente muy cercana al partido que estaba en ese momento en el Gobierno. Muchas veces los criterios de ubicación iban más bien en función de esto, que de necesidades objetivas como criterios objetivos poblacionales, de porcentaje de población migrante, etc".

A este respecto, Oltra ha hecho hincapié en que "no es fácil poner orden en la miseria que nos encontramos". En este sentido, la vicepresidenta ha aclarado que "frente a los criterios de antes, no era fácil poner criterios de proporcionalidad, objetividad, de rigor, de sensatez y de transparencia, pero en 2017, con ayuda de los municipios, vamos a tener una red puntera en España de atención a personas migrantes".

Presupuesto de 1,8 millones para 2017

Oltra ha defendido la necesidad de un cambio que reconozca la realidad de la Comunitat Valenciana, donde un 13,4 por ciento de población es inmigrante, existe un crecimiento de personas refugiadas, asiladas y desplazadas, al igual que sucede en el resto de Europa, y donde alrededor de 22.000 jóvenes se han convertido en migrantes económicos.

Todos estos colectivos tienen serán atendidos por la nueva red, que para 2017 cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros, lo que supone un incremento del cien por cien respecto a lo que se invertía en las agencias AMICS, subvencionado a través de línea nominativa a las entidades locales, lo que permitirá que los municipios puedan contratar a profesionales con titulaciones de carácter social para su gestión.

Los requisitos para contar con una oficina es que el municipio cuente con más de 20.000 habitantes o tenga un 10 por ciento de población inmigrante, y entre sus funciones tendrán las de generar espacios compartidos y sinergias comunes para trabajar la cohesión social y la convivencia; favorecer la inclusión social, y garantizar los derechos de las personas migradas.

Las nuevas oficinas trabajarán en distintos ámbitos

Oltra ha indicado que con estos objetivos las oficinas trabajarán en distintos ámbitos, como el educativo, donde impulsarán programas de apoyo a la escolarización, informando, asesorando y ayudando a las familias en los trámites de solicitud de becas y ayudas sociales; se trabajará en planes de acogida en colaboración con el personal educativo y de intervención social; y se pondrán en marcha actuaciones para prevenir el abandono escolar, entre otras iniciativas.

La red también trabajará aspectos sanitarios, garantizando la incorporación de la población inmigrante en el sistema público de salud; y en el de la vivienda y la movilidad, en colaboración con los servicios sociales, para facilitar la tramitación de los expedientes de personas inmigrantes, y de emigrantes que vuelven, en las bolsas de alquiler municipal, y en otros programas públicos.

Asimismo, se favorecerá el desarrollo de programas de atención y alojamiento para los trabajadores y las trabajadoras temporeras y el acceso al transporte público mediante la tarificación social y la vertebración del territorio.

El acceso normalizado a los servicios sociales, huyendo de los procesos asistencialistas será otro de los objetivos de la red, que también pondrá en marcha campañas para combatir el racismo y la xenofobia y asesorará a las personas solicitantes de asilo y refugio, además de encargarse de desarrollar, en coordinación con las entidades implicadas, el Plan de Acogimiento de Personas Refugiadas, Asiladas y Desplazadas.