La ONU pide a España adoptar medidas contra las "leyes de concordia" del PP y Vox

La Organización de Naciones Unidas, más conocida por sus siglas ONU, ha emitido un informe en el que critica duramente la revisión de las leyes de Memoria Histórica que está viviendo en varias comunidades autónomas españolas gobernadas por PP y Vox, entre las que se encuentra la valenciana. El escrito está firmado por el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación, el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la organización supranacional.

Todos los departamentos implicados coinciden en señalar que las las nuevas normas regionales entra en conflicto con varios de los tratados internacionales suscritos por España. Señalando como ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Por todo ello recuerda que todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades nacionales, regionales o locales "deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos", y que el incumplimiento de esas obligaciones comprometería la responsabilidad de España.

También señala que estas normas van en contra de las recomendaciones que se realizaron para la creación de mecanismos de recuperación de memoria histórica en países que han superado gobiernos autoritarios que cometieron violaciones de derechos humanos. Por lo que los expertos de la ONU consideran que los nuevos textos bautizados como de  “Concordia Histórica” lejos de agilizar la restauración de aquellos hechos y personas borradas de la historia solo servirán para obstaculizar esas labores.

En este sentido, el informe señala, expresamente que las reglas autonómicas evitan hacer “referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975)” usando en su lugar el eufemismo “atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil” pero sí que hablan expresamente de la “violencia política” del gobierno democrática, , mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada ‘Segunda República’ que le antecedió (1931-1939)".

También critica que las leyes quieran “asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista”.

Por todo esto la ONU insiste en que las leyes de memoria histórica deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación, advierte la comunicación de la ONU.