La oposición acusa al 'tripartito' de Canet d'En Berenguer de hacer un traje a medida al actual recaudador

Una imagen de un pleno de Canet de la nueva legislatura. FOTO EPDA

El PP ha decidido sacar a licitación la recaudación de impuestos, que lleva realizando Recaudaciones Levantes -antes Recaudaciones Canet- desde 1996 mediante un contrato a dedo. Desde entonces ningún gobierno había decidido sacar a concurso un servicio que da pingües beneficios anuales, al quedarse la empresa un 4’5% de lo que recauda. El departamento de Contratación -con Salvador Vidal y Carmina Sancho al frente-, han redactado los pliegos de contratación, que ya prevén ‘‘a efectos de carácter presupuestario’’, una partida estimada de 1.765.050 euros para los tres años de vigencia y tres de prórroga anualmente, a lo que hay que añadir el 35% del porcentaje de las multas. Se da por hecho que el concurso lo ganará Recaudaciones Levantinas y así lo denunció Ximo Pons (Compromís).

La licitación rebaja al 4% -sólo medio punto respecto a lo que cobra ahora el recaudador, Vicente Almenar- el tipo de interés que se quedaría la empresa ‘‘como retribución en concepto de premio de cobranza por todos aquellos cobros correspondientes al periodo voluntario (con la excepción a las multas)’’. En este caso, el recaudador se llevará un 35% del importe que recaude por las multas del departamento dirigido por José Antonio Sancho González.

La recaudación en un municipio como Canet, con tantos apartamentos y chalés, supone ingresos millonarios a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El asunto fue debatido en el pleno municipal del jueves, logrando los votos a favor del ‘tripartito constitucionalista’, formado por el PP y los dos partidos que están apoyándole en la mayoría de votaciones, Ciudadanos y el PSPV-PSOE.

En el pleno, Ximo Pons como portavoz de la oposición acusó a los tres partidos de hacer un traje a medida al actual recaudador, al afirmar que estaba convencido de que los pliegos que se votaban se habían realizado para que ganase Almenar.

Tanto Pons como EU, Sí se puede, IPC y Rambla, pidieron que se pudiera bajar el porcentaje de beneficio para la empresa recaudadora hasta el 3% -en el caso de Pons- y llegando al 2’5/2’8 en opinión de Rambla, frente al 3’4% que permiten los pliegos de reducción máxima.

Pons y Carlos Sáez -IPC- recordaron que la actual empresa recaudadora tiene dos empleados y se está embolsando en torno a 400.000 euros anuales, una ‘‘auténtica barbaridad’’.

María Amor Uviedo y Joaquín Rambla defendieron que la recaudación pase a ser un servicio municipal o incluso se planteó que se hiciese cargo la Diputación.

El alcalde, Leandro Benito, defendió la transparencia del sistema elegido y recordó que los pliegos los redactan los técnicos y que una empresa privada ‘‘le aplica más celo porque va a comisión. La actual empresa al 4’5% es un tipo muy alto y creemos que hay que bajarlo al 3’4%’’. Benito también criticó la actitud de la oposición, a la que recordó que durante sus años de gobierno nunca se cuestionaron el porcentaje que se llevaba la empresa recaudadora.

El PP recibió el apoyo de los dos únicos concejales de Ciudadanos y PSPV. Vicente Bayona preguntó al bloque de la oposición que no apoya al PP por qué no habían ‘traído los números que justifiquen que el servicio deba darse desde el Ayuntamiento. La recaudación es un tema muy importante’’. Peris, por su parte, aseguraba que había estudiado el tipo medio que aplicaban empresas del sector y que éste era del 3’4%.

Fue en el año 1996, en pleno ‘boom’ urbanístico, cuando Altabella decidió conceder a dedo un contrato a la empresa Recaudaciones Canet SL -ahora Recaudaciones Levantinas SL- para el cobro de impuestos, con una comisión del 4’5% sobre lo recaudado y una serie de recompensas que elevan esa cantidad en caso del periodo ejecutivo.

El alcalde decidió concederle el contrato de forma directa, esto es, a dedo, sin concurso público, a una empresa que se creó apenas un mes antes.

La empresa se creó en 1996 con un capital de 501 participaciones, que suscribieron José Luis Almenar Picó, Vicente José Almenar Picó y José Ramón Llopis Cotanda.

Precisamente, Llopis Cotanda también ha aparecido en dos empresas que han contratado con el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer, como la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) y Asesores Profesionales, en ambos casos, uno de los tres fundadores en el año 2000.

La AVJ llevaba los asuntos jurídicos hasta hace uno meses del Ayuntamiento, mientras Asesores Profesionales logró una concesión del gobierno municipal para explotar durante 50 años una parcela dedicada a juegos infantiles, una operación que reportó a la firma más de 60.000 euros en poco más de un mes, al ceder a Mercadona el terreno para hacer un aparcamiento en la zona próxima a la playa-.

Estas dos firmas están en el ojo del huracán de la ‘trama de las asesorías’ en un juzgado de Valencia, después de una operación a gran escala en ayuntamientos y otras administraciones valencianas.

Llopis Cotanda también figura como secretario accidental en algunas actas del Consorcio Pangea, otra entidad que también está siendo investigada.

Recaudaciones Levantinas se encarga de la recaudación también de San Antonio de Benagéber, justo después de su segregación de Paterna en 1996, con Sancho como abogado del Ayuntamiento.