La ex-concejal María Oliover. EPDA Los
dieciséis miembros de la Corporación Municipal, del Grupo Municipal
Popular, Grupo Municipal
Ciudadanos y Grupo Municipal VOX, han solicitado formalmente que la
Asesoría Jurídica Municipal realice un informe sobre la oportunidad
del ejercicio de las acciones legales que correspondan de toda
índole, penal y civil, ejerciendo la acusación particular en las
diligencias previas que sigue el Juzgado de Instrucción número 19
de València
Los
hechos referidos hacen mención a un Convenio con la Universidad de
València aprobado en 2017 para el estudio del Sistema Educativo en
su conjunto. La entonces Concejal Delegada de Educación, María
Oliver, tuvo que acudir a declarar como investigada al Juzgado que
investiga las presuntas irregularidades en la tramitación y pagos de
este convenio con la Universitat de València.
El
Interventor General del Ayuntamiento de Valencia emitió un informe
sobre los posibles gastos no subvencionables de un listado de gastos
sufragados con fondos municipales remitidos por la Universitat de
València. Se concluyó que existen gastos no subvencionables en el
listado remitido por el Juzgado y que corresponden con los gastos
reales efectuados por el equipo investigador de la Universitat de
València a cargo del profesor D. José Manuel Rodríguez Victoriano,
que también se encuentra investigado judicialmente en dicho Juzgado
de Instrucción. De este informe completo se ha denegado copia a los
miembros de la Corporación, siempre según los interesados.
Los
grupos de la oposición entienden que las actuaciones que se siguen
en dicho juzgado tienen una relación directa con la actividad
administrativa municipal desplegada en los procedimientos de
contratación que son objeto de investigación, por lo que,
singularmente, podrían derivarse perjuicios patrimoniales para el
consistorio. Por ello también preguntan a la Asesoría si el
Servicio de Educación del Ayuntamiento de Valencia debe iniciar un
expediente de reintegro sobre los importes satisfechos en virtud del
convenio, toda vez que la Intervención General del Ayuntamiento de
Valencia ha emitido un informe en el que se concluye, según la
información publicada en prensa, que se han desviado fondos del
convenio hacia otros fines no subvencionables.
Según
los tres grupos de la oposición,”resulta indudable que en la causa
que investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ya
existe un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento de Valencia
cuantificado por la Intervención General Municipal en su informe de
29 de julio de 2019, por lo que interesa la emisión del informe
jurídico solicitado al efecto de ejercitar todas las acciones civiles
y penales que correspondan para depurar responsabilidades y lograr la
restitución de los
fondos públicos que se hayan podido desviar a otros fines, así como
poder constatar en sede
judicial si los documentos justificativos presentados por la
Universitat de Valencia al Servicio
de Educación (y que han sido validados por dicho Servicio) son
distintos de los gastos
reales declarados por la Universitat ante el Juzgado de Instrucción”.
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