Momento de la protesta, en una imagen compartida por los impulsores de la iniciativa.
La comunidad educativa, convocada por la Plataforma per l’Ensenyament Públic, se ha concentrado frente la Conselleria de Educación este martes para mostrar su apoyo a la huelga educativa del próximo día 31 de marzo, y ha considerado "una nueva burla" el decálogo enviado por Educación de cara a la próxima Mesa de Negociación.
La Plataforma, integrada por sindicatos y diferentes entidades educativas, ha sostenido este martes que las propuestas de la Conselleria "no aportan nada y condicionan las mejoras a otras cuestiones como presupuestos y financiación autonómica".
"Desde la Plataforma se considera una nueva burla a la participación de la comunidad educativa", han afirmado.
La Conselleria ha remitido a los sindicatos el decálogo con propuestas para mejorar el sistema educativo valenciano con los diez principales puntos de trabajo de cara a la Mesa Sectorial de Educación, convocada para este jueves, 26 de marzo.
En el manifiesto de la huelga, que ha sido leído en la concentración de este martes por el presidente de FAMPA València, Rubén Pacheco, se recogen las reivindicaciones de la comunidad educativa, entre ellas, la derogación "inmediata" de la Ley Rovira que, a su juicio, "debilita el valenciano como lengua vehicular, desvertebra el sistema educativo y genera desigualdades territoriales".
Además, reclaman ratios más bajas, recursos suficientes, menos burocracia, mejora de la salud laboral del profesorado, infraestructuras educativas dignas, mejoras salariales, condiciones dignas para los docentes y recuperar los presupuestos recortados, así como apoyo al colectivo de filólogos en la enseñanza en valenciano, entre otras reivindicaciones.
En un comunicado, el sindicato STEPV, integrado en la Plataforma, ha criticado que mientras se volvían a concentrar, la Conselleria les haya enviado el decálogo "que no tiene nada que ver con las propuestas reivindicativas que justifican las movilizaciones", entre otras cuestiones, y lo define como "una burla a las reivindicaciones sindicales".
Según STEPV, "la mitad de las propuestas desvían la atención respecto a la falta de financiación por parte del Estado, que no es competencia de la Mesa Sectorial" y califican de "chantaje inaceptable" tener que elegir entre ratios o salarios.
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