El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber vuelve a estar en el punto de mira. El
pasado viernes 22 de mayo trabajadores del Juzgado se personaron en el consistorio para ejecutar el Auto de la
sentencia del TSJ CV de 2012, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo que lo condena por "una retasación
urbanística ilegal y anula el acuerdo de Pleno que la suscribió. El Ayuntamiento pidió 10 días para facilitar el listado de bienes embargables".
La
primera sentencia condenatoria al Ayuntamiento de SAB de 2008 fue
recurrida por el servicio jurídico municipal. En diciembre de 2012 el
TSJ desestimó el recurso y condenó al Ayuntamiento a la devolución de
las cuotas de urbanización del sector T1 y el pago de intereses y
costas.
Desde
ese momento Plataforma de SAB, ha presentado en Pleno cuatro mociones
pidiendo explicaciones y que se proceda inmediatamente contra el agente
urbanizador causante del sobrecoste de retasación.
Los responsables de la Plataforma aseguran que "todos
los concejales del Partido Popular siempre han votado en contra de dar
explicaciones y no se ha acreditado haber actuado contra el urbanizador,
beneficiario de la retasación".
En
enero de 2014 el juzgado dicta un Auto de ejecución y un Decreto
instando al pago inmediato de la sentencia a favor del demandante, la
mercantil Rutima SL.
La Plataforma de SAB afirma que "el
Alcalde se ha escudado en diversas ocasiones en que no ha
tenido conocimiento de la sentencia ni el auto por registro de entrada
por lo que no debía hacer nada, sino esperar. Pero el pasado viernes se personó personal del juzgado para embargar bienes municipales por valor de 700.000 €, a falta de los intereses y costas que supondrán cantidades mucho mayores".
La formación política presentó ayer en Pleno la última moción, la cuarta, pidiendo que "se den las explicaciones oportunas a la ciudadanía y grupos de la oposición, que se proceda inmediatamente contra el urbanizador causante de la retasación y que se rescinda el acuerdo con el abogado municipal, Sr. Sancho Sempere, a la vista de los resultados de sus gestiones jurídicas".
Los miembros de Plataforma de SAB añaden que "todos los concejales del partido Popular impidieron el debate de la Moción. El Alcalde se limitó a decir que, de tener que pagar, se hará con terrenos municipales y que eso no cuesta dinero a los vecinos.
Pero eso es incierto ya que perder terrenos es perder patrimonio
municipal. Además afectará al desarrollo de los barrios que pierdan ese
terreno público y a su posible uso dotacional futuro".
La Plataforma no ha querido finalizar sin aclarar que "resulta incomprensible que, a estas alturas, el Ayuntamiento no haya procedido, o no lo acredite, contra el urbanizador, Masasesicas,
ya que las sentencias condenatorias al Ayuntamiento son de 2008, la del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Valencia y de 2012 la
de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la CV. ¿A qué intereses puede obedecer esta inacción?".
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