Fachada principan del Ayuntamiento de La Pobla. EPDALa corporación de La Pobla de Farnals aprobó en pleno una moción en la que se acuerda otorgar un reconocimiento público a los vecinos fusilados durante la represión de la dictadura franquista y “borrados de la memoria colectiva”. En el texto de la propuesta, que contó con la abstención del PP, se remarca que algunas de estas víctimas pertenecieron “a las autoridades municipales sin que esten ni tan solo reconocidas como legítimos representantes del municipio”.
El Forum per a la Memòria Històrica del País Valencià facilita los datos de diez personas represaliadas naturales de La Pobla y la fecha de ejecución de la sentencia de muerte a partir de los datos recogidos y publicados por el Ayuntamiento de Paterna. Así, el 12 de septiembre de 1940 fueron ejecutadas las sentencias de Vicente Oroval Civera, de 34 años y labrador; Enrique Pérez Badia, de 30 años y albañil; José María Pérez Badia, de 24 años y labrador; Jesús Pérez de la Pasión, de 34 años y jornalero; Manuel Rocafull Claramunt, de 19 años y mecánico; y José María Ballester Soro, de 27 años y labrador. José Segarra Chulvi, de 33 años y tejedor, fue fusilado el 23 de octubre de 1940. El 17 de noviembre de 1939 acabaron con la vida de Juan Bautista Simo Ramos, de 32 años y ferroviario, y de Rafael Cerda Izquierdo, de 37 años y labrador. La última víctima de esta lista fue José María Muñoz Orts, de 33 años y empleado, que fue ejecutado el 3 de agosto de 1940.
El Fondo Documental de la Memoria Histórica también contempla en sus fuentes documentales la constacia de los procesos contra determinadas personas de la anterior lista y aporta datos sobre otra personas natural de La Pobla de Farnals no reconocida todavía en la lista anterior. Se trata de Vicente Ferrer Orobal, con fecha de expediente del 18 de noviembre de 1940.
Por otra parte, en la sesión plenaria se dio luz verde a otra moción que propone incluir criterios sociales y de sostenibilidad en la contratación municipal. La propuesta se aprobó por unanimidad.
Además, en la misma sesión se aprobó, con la abstención del PP, la adhesión al manifiesto promovido por la Asociación de Juristas Valencianos (AJV) para pedir la retirada del recurso de inconstitucionalidad a tres leyes de la Comunitat Valenciana sobre relaciones de familia y pareja. En concreto, se trata de la Ley 10/2007, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano; la Ley 5/2011, de Relaciones Familiares de los Hijos cuyos progenitores no conviven; y la Ley 5/2012, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana. La entrada en vigor de estas normas se produjo en virtud de la Ley orgánica 1/2006 de reforma del Estatuto de Autonomía, que reconoce a los valencianos su condición de Nación Histórica y, por tanto, con competencias sobre el derecho privado.
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