Agentes de la Policía Nacional. EFE Agentes
de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General
de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Badajoz, Cáceres,
Salamanca, Toledo y Valencia la operación Venus, dirigida
contra el fraude a la Seguridad Social en prostíbulos.
Cuatro personas han sido detenidas y otras dos están siendo
investigadas.
Las
investigaciones policiales comenzaron a principios del presente año,
tras recibir varias denuncias que alertaban sobre varios ilícitos
penales cometidos contra los intereses de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Gracias a ello, se ha descubierto la generación de
un fraude por valor de 3.449.660,77 euros.
El
estudio de la documentación permitió comprobar que las personas
implicadas pretendían eludir el pago de las cantidades adeudadas y
frustrar las legítimas aspiraciones de cobro por parte de la
Tesorería. Para ello, en algunos casos crearon sucesiones
empresariales en las que las sociedades deudoras eran cerradas sin
los trámites legales oportunos. Eran sucedidas por sociedades que
estaban latentes y listas para ser puestas en marcha rápidamente
libres de cargas. Además, se han encontrado empresas pantalla que
ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades
investigadas.
Los
seis responsables del delito resultaron ser los administradores de
hecho de las empresas, pero también varios familiares que estaban
desarrollando la función de administradores de las mercantiles como
testaferros. Se les imputaron delitos contra la Seguridad Social
(fraude de cotizaciones) y frustración de la ejecución.
Múltiples
empresas; una sola marca
Todo
el entramado societario investigado mantuvo siempre inalterado el
nombre comercial de su producto y ofrecía una “marca” que
resultaba inconfundible para sus clientes, a pesar de que sus
mercantiles cambiaron de nombre en multitud de ocasiones.
En
esta sucesión empresarial opaca dedicada a la explotación de un
club de alterne en Toledo participaron seis empresas principales
ayudadas por, al menos, otras dos secundarias. Un total de 86
trabajadores coincidían en más de una de las empresas implicadas.
La deuda acumulada con la Seguridad Social era de 1.339.062,70 euros.
Dinero
en metálico para no ser controlados
El
uso del dinero en metálico era la norma en las empresas
investigadas. No sólo utilizaban el sistema de caja conjunta entre
las sociedades activas, sino que también pagaban a los trabajadores
de esta forma y utilizaban este mismo método con sus proveedores.
Estos distribuidores, que en algunos de los casos trabajaban con los
mismos productos, servían a petición de su cliente semanalmente con
el único fin de que sus facturas nunca superasen los 2.500 euros,
consiguiendo de esta forma evitar tener que hacer transferencias,
según señala la normativa.
Un
cajero “bancario” dentro del burdel
Las
recepcionistas controlaban entre 1.500 y 4.000 euros por cada uno de
los dos turnos del día durante toda la semana y funcionaban como si
de un cajero automático se tratara.
La
forma de hacer el intercambio era sencilla y efectiva. Los clientes
debían hacer un pago previo al local con su tarjeta de crédito,
normalmente comprando tiques que se conseguían en las máquinas
expendedoras, con los que supuestamente adquirían determinados
servicios como sábanas o productos de limpieza.
Un
detenido ganó más de 5.000.000 de euros en “autoalquiler”
El
jefe de una de las tramas era el apoderado de las empresas
instrumentales, que controlaba a través de su mujer y su hijo, a
quienes había puesto a su mando ficticio en calidad de testaferros
en diferentes periodos temporales.
Una
de estas sociedades, radicada en Salamanca, se dedicaba aparentemente
al alquiler de equipos para cultivos, si bien los trabajadores dados
de alta se dedicaban en su mayoría a cuidar animales. Esa sociedad
era la que alquilaba el edificio de Toledo, donde se desarrollaba la
actividad de alterne por cuantías anuales que, en los últimos ocho
periodos, oscilaron entre los 400.000 y el millón de euros.
Este
“autoalquiler” parecía cumplir una función fundamental, que era
justificar el gasto de las sociedades explotadoras del edificio para,
así, reducir impuestos, aumentando los costos de explotación de la
sociedad gestora con el fin de declarar menos ingresos y, en este
caso concreto, revertir este beneficio nuevamente en su persona a
través de una sociedad limpia controlada por él como apoderado y su
hijo como administrador, sin peligro de que pudiera ser embargado tal
montante económico.
Una
trabajadora de una de las empresas instrumentales investigadas estuvo
durante 15 años realizando labores de limpieza en las casas
particulares del principal investigado y en las de sus familiares.
Desarrollaba su trabajo de lunes a domingo de manera ininterrumpida y
sin descanso alguno. Esta tarea distaba mucho de la supuesta labor de
la sociedad, la cual figuraba como empresa explotadora de maquinaria
del campo.
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