La reforma del sistema eléctrico provocará la desaparición de 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana

Ante la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013 que aprueba medidas urgentes de reforma energética eliminando las tarifas reguladas de las energías renovables, la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) y su Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia (ASELEC) manifiestan su absoluto rechazo a una normativa que deja sin margen de maniobra a las instalaciones que figuran en el Régimen Especial, entre ellas las solares fotovoltaicas y eólicas de la Comunidad Valenciana.

FEMEVAL y ASELEC consideran que este decreto aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el pretexto de “garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico", y que afecta también a los consumidores al aumentar un 3´2% más el recibo de la luz, puede llevar a la quiebra a numerosas empresas instaladoras y mantenedoras. Y con ello a la desaparición de casi 15.000 empleos directos e indirectos de un sector ya de por sí muy deteriorado, y que se quedará prácticamente en K.O. técnico y con muy pocas probabilidades de recuperación.

Un Real Decreto que resta competitividad a la industria y con previsiones nada justificables

Ambas organizaciones entienden que las previsiones de rentabilidad del 7,55% de vida útil para las instalaciones de energías renovables que recoge este Real Decreto, no tienen una demostración objetiva, dado que este porcentaje se basa en la evolución del bono español, fluctuante como ninguno.

Asimismo, los últimos estudios confirman que las instalaciones de autoconsumo suponen un ahorro medio de hasta el 70% de la factura eléctrica de una familia. Además, la inversión realizada se recupera en el tiempo por el ahorro que se produce, y en este tipo de instalaciones se puede utilizar, además de la fotovoltaica, otras fuentes energéticas como la eólica, la biomasa o la geotérmica.

Según afirman la patronal del metal y su asociación miembro, nada de esto parece interesar al Ministerio, ya que en su propuesta sobre autoconsumo, se utilizan justificaciones totalmente semánticas, nunca técnicas ni demostradas, como que la generación distribuida es perjudicial para el coste del sistema. Incluso se inventan un concepto de potencia para el autoconsumo, denominado “potencia de respaldo”, más costoso que el directamente contratado, que encarece el autoconsumo hasta el punto de hacerlo más gravoso que el suministro eléctrico convencional.

En cuanto a la distribución actual de los peajes, ésta empeora con la propuesta realizada, pues se establece un aumento del término fijo de potencia de hasta el 125% para los consumidores residenciales y del 75% para los industriales, con lo que adquiere más peso la parte fija de la tarifa eléctrica que la variable. Esto supone una “tarifa plana” que desincentivará cualquier opción y acción de eficiencia energética, con los posibles ahorros en el consumo.

También, el cambio en el calendario horario de las tarifas que se pretende implantar, supone un incremento del coste eléctrico para la industria de entre un 8,50% y un 11%, que redundará en el aumento de los costes de producción y restará competitividad a las empresas.

Por ello, FEMEVAL y ASELEC demandan al Consell la elaboración de un reglamento que regule el autoconsumo y el balance neto, para posibilitar que la energía supuestamente sobrante, se reutilice en beneficio de todos haciendo posible la “autofinanciación” del sector.

Ante una realidad en la que los consumidores pueden instalar sistemas de autoconsumo, la falta de este reglamento en la Comunidad Valenciana impide la “reglamentación y normalización” adecuadas. Por lo que solicitan también que este sector forme parte de la mesa de negociación encargada de adoptar las decisiones que afectan directamente a los consumidores finales, PYMES e industrias de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, se proponen varias actuaciones que beneficiarían directamente a un consumidor muy perjudicado, debido a que este aumento del 3´2%, de la tarifa eléctrica se suma al 63% entre los años 2003 y 2011, con lo que la factura media de los hogares españoles ha pasado de unos 360€ anuales a los casi 600€.

Entre ellas, la de afianzar la colaboración estrecha que mantiene ASELEC con la Unión de Consumidores de Valencia con el fin de garantizar el asesoramiento en materia energética para los hogares “como punta de lanza de la unión de este sector con los ciudadanos, binomio indispensable en la confianza, seguridad y avance de la sociedad”.

Por todo lo expuesto, instan al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a que estudie el perjuicio directo e indirecto, tanto para el sector energético como para los ciudadanos, y a que se ideen otras formas de financiar desmanes no creados ni por las empresas, ni por los ciudadanos.

El Ministerio de Industria tiene que dejar de ser el cajón de sastre al que recurre el Gobierno cada vez que se producen desajustes en otras fuentes de financiación, ya que esto provoca una tremenda inseguridad jurídica. La solución pasa por impulsar una mayor reforma de la administración del Estado en beneficio de sectores competitivos, que no necesitan ayudas, sino libertad de actuación.