Es el caso de unos radiólogos,empeñados en internalizar las Resonancias Magnéticas de loshospitales valencianos cuando estos aún no parecen estar capacitadospara asumir el servicio sin la ayuda de empresas externas. De hechola Conselleria, que, como es sabido, apuesta inequívocamente por lareversión de los principales servicios vinculados a la sanidad alsistema público de gestión directa, se ha visto obligada a convocary resolver unos concursos transitorios para anticiparse y evitarriesgos de listas de espera radiológica en los hospitales de su redhasta que pueda poner en marcha la internalización del serviciopúblico. Esos concursos están ya resueltos pero no ejecutados, y ensu mayoría han sido ganados por quienes ya trabajaban en la anteriorUTE (Erescanner Salud), que año y tres meses después de acabado elconcierto también continúa prestando servicio por el procedimientode ‘enriquecimiento injusto’ para que el sistema no colapse.
Entre los perdedores de estos nuevosconcursos hay varios de los firmantes de un apremiante escritodirigido ahora al departamento del Consell que dirige la socialistaAna Barceló por la Sociedad de Radiología de la ComunidadValenciana (SRCV), entidad que toma partido con un informe en el quese pone en duda no sólo la voluntad real de la Conselleria sinotambién la calidad del trabajo de la UTE ganadora del primer‘megaconcurso’. La SRCV se ha apoyado en una encuesta hecha enoctubre con escasamente 59 profesionales (sólo en la provincia deValencia hay 375 especialistas en radiodiagnóstico, que no son losúnicos médicos que trabajan en radiología según los datos delColegio Oficial de Médicos de Valencia), impulsada por tresradiólogos que han perdido concursos y que, a pesar de su profesiónde fe pública, trabajan tanto en la sanidad pública como en laprivada. Es decir: se presentan a los concursos para trabajar conempresas privadas, pero cuando pierden, reclaman acelerar que todosea ya 100% público.
En origen, esta controversia nace de unInforme del Síndic de Comptes que afirmaba que si las resonanciaslas hiciera directamente la Administración y no las concesiones,saldrían más baratas. Según la empresa que las gestionaba sehabría cometido el error de computar como “media de informes porequipo instalado en hospitales públicos en 2012” la media de losque tramitaba la UTE, que es muy superior a los hechos en la públicasegún auditores externos, por lo que las conclusiones del Síndic noserían correctas.
El caso es que con ese informe laGeneralitat encuentra una percha para buscar el rescate del servicio,máquinas incluidas a las que se sumarían las donadas por AmancioOrtega. Pero la administración autonómica choca con la realidad delas listas de espera y, por responsabilidad, decide actuar convocandolos nuevos concursos. Y es ahí cuando empieza la campaña de algunosde los que los pierden, propalando que Sanidad no quieren revertir.
La campaña basada está en la citadaencuesta de la SRCV, y se apoya en algunos tuits, en los que se dejael el aire la pregunta de si la reversión está en los presupuestosde la Generalitat para 2020. En la conversación en la red participala secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro(Compromís), que marca distancias con los socialistas de suConselleria: “está en manos del Subsecretario de la Conselleria.Mi postura al respecto es pública y notoria”.
La cuestión de fondo es que no debeser tan fácil revertir cuando Ana Barceló aún no ha podidohacerlo. Porque de lo que se trata es de que el paciente no note eltránsito, garantizando un servicio óptimo servicio sin que crezcanlas listas de espera. Sirva de ejemplo el caso del Hospital Peset deValència, totalmente público en resonancias magnéticas, pero quenecesita de los radiólogos de la UTE para festivos, domingos, ylistas de espera en las que se incluyen pacientes quirúrgicos yoncológicos. Poca broma.