Hace unos
días la UGT-PV conocía la sentencia
favorable del reconocimiento de la retroactividad de la prestación de
cuidadores no profesionales de una de las muchas demandas que el sindicato había
interpuesto a través de sus servicios jurídicos. La demanda fue interpuesta en
2010 por un afiliado al sindicato, al no estar conforme con la resolución del
Programa Individual de Atención (PIA), pues se reconocía la prestación de
Cuidador no Profesional a partir de la fecha de la firma de la resolución,
febrero de 2010 y no desde la fecha de la solicitud, mayo de 2008.
La sentencia acredita y reconoce que
cuando se le valoró como Gran Dependiente, la citada persona ya era
beneficiaria de los servicios y prestaciones contemplados en la ley de la
dependencia, dado que el Grado 3 Nivel 2 estaba vigente desde el 1 de enero de
2007. Por ello, condena a la Conselleria de Bienestar
Social a que abone las prestaciones que legalmente le hubieran correspondido además
de los intereses legales de demora.
Para la UGT-PV, resulta lamentable
que las personas beneficiarias de la conocida como Ley de Dependencia hayan
tenido que ejercer sus derechos a través de los Tribunales, dado que el Gobierno
valenciano les negaba esos derechos. Es más, resulta dramático que solamente
aquellas personas que siguieron adelante los procesos ante los juzgados sean
las que han podido ver reconocidos esos derechos, mientras que todas aquellas
personas que, por falta de información o
de recursos económicos, no pudieron llevar adelante la denuncia, no han visto
reconocidos los derechos que les asistía por ley, por la negativa del Gobierno
valenciano.
Según
la responsable de la Secretaria de Política Social, Pepa Llorca: “Todo esto
resulta más terrible cuando al mismo tiempo que conocíamos la sentencia en la
UGT-PV, se publicaba un informe del
Tribunal de Cuentas donde se decía que la Conselleria de Bienestar Social había
cobrado 2,1 millones de euros del IMSERSO de dependientes ya fallecidos”.
Por todo ello la UGT-PV denuncia, de
nuevo, la situación de desamparo de muchas personas dependientes por la mala o nula gestión y aplicación de la ley de la dependencia en la Comunitat Valenciana. Una
Ley que entró en vigor en 2007 pero que
pasados más de cinco años desde su puesta en marcha, la falta de voluntad
política del gobierno valenciano, agudizado
por la crisis económica actual , está
llevando al desmantelamiento del sistema de atención a las personas
dependientes en nuestra Comunitat, con
las consecuencias fatales de la pérdida de derechos para las personas
dependientes y sus familias agudizadas por el COPAGO de servicios planteado por el gobierno tanto estatal como
valenciano.
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