La mujer aún está infrarreprensentada en el campo valenciano. /EPDA LA
UNIÓ de Llauradors i Ramaders informa que únicamente hay 17 mujeres
inscritas en el registro de explotaciones de titularidad compartida en
la Comunitat Valenciana, según
los datos disponibles a fecha de hoy.
La gran mayoría, un total de 13, son de la provincia de Castellón, 2 de la de Valencia y 2 de la de Alicante.
Los
datos contrastan con los de otras comunidades autónomas como Castilla y
León, donde hay registradas 404 mujeres o Castilla La Mancha que cuenta
con 232.
Para
tratar de revertir esta situación, LA UNIÓ propone que se mejore el
tratamiento fiscal de los gastos de las explotaciones inscritas
en el registro de titularidad compartida, así como una reducción permanente del tipo de cotización a la Seguridad Social para aquellas personas que tengan la condición de
Titularidad Compartida más allá de los cinco años que se marcan en la actualidad.
Del
mismo modo, LA UNIÓ insta a que las ayudas a las inversiones en las
explotaciones agrarias puedan incrementarse en un porcentaje
adicional del 10% para las explotaciones en Titularidad Compartida y
que se establezca un importe de ayuda adicional así mismo en la ayuda de
primera instalación para las explotaciones en Titularidad Compartida.
Cabe
señalar que las mujeres representan más de un tercio de las personas
que trabajan en las explotaciones agrarias familiares,
pero, en la mayor parte de los casos, tan sólo los hombres figuran como
titulares de las explotaciones mientras que ellas aparecen como
cónyuges en la categoría de “ayuda familiar”. Pese a que la inmensa
mayoría de las mujeres agricultoras y ganaderas comparten
las tareas agrícolas de las explotaciones familiares con sus parejas,
estas actividades son vistas como una extensión de sus tareas domésticas
y de cuidados.
Con
objeto de paliar esta situación de desigualdad e invisibilización del
trabajo de las mujeres rurales en el sector agrario y las
consecuencias negativas que de ella se derivan, en 2012 entró en vigor
la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones
agrarias. Transcurridos ya diez años desde su puesta en funcionamiento,
es hora de introducir mejoras a juicio de LA UNIÓ
para que haya más mujeres inscritas.
LA
UNIÓ propone también que se establezcan incentivos fiscales ambiciosos
(fiscalidad diferenciada) en los territorios de la Comunitat
Valenciana en riesgo de despoblación, con objeto de inducir a
particulares y empresas a permanecer en el territorio o a radicar ex
novo su domicilio en los núcleos rurales más desfavorecidos. Estos
incentivos deberían alcanzar al ámbito municipal (IAE e IBI),
autonómico (ITP y AJ, IS y D y tramo autonómico del IRPF) y estatal
(Impuesto de Sociedades y tramo estatal IRPF). Los incentivos fiscales
aplicados por los municipios en los impuestos que gestionan se deberían
compensar, según LA UNIÓ, por parte de la Administración
Autonómica y Estatal.
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