LA UNIÓ de
Llauradors desea trasladar a la opinión pública su profundo
malestar y hartazgo de la guerra política que llevan a cabo partidos
y territorios durante los últimos años y reclama que sean los
técnicos o expertos en la materia los que resuelvan de una vez por
todas la falta de agua para la agricultura de nuestro territorio,
sobre todo en las comarcas de Alicante.
El Gobierno del Estado debe ser
intermediador de las políticas del regadío y del agua entre las
distintas comunidades autónomas y no hacer dejadez de sus funciones
ni trasladar enfrentamientos políticos a los regantes. Precisamente
ahora que tanto en la Moncloa como en la Comunitat Valenciana y
Castilla-La Mancha gobierna el mismo partido, debería ser más fácil
entenderse y establecer un posicionamiento común que beneficie a
todos y, sobretodo, llamar al orden a aquellos dirigentes de
comunidades autónomas que cuestionan la legalidad por motivos
partidistas, como es el caso.
LA UNIÓ indica
que los agricultores alicantinos lo único que desean es el agua
necesaria para regar sus campos y evitar que se mueran los cultivos y
para ello “se deben proporcionar los recursos hídricos suficientes
para poder regar a un precio razonable y a una calidad aceptable”.
Esta Organización
Profesional Agraria demanda soluciones urgentes, viables y
sostenibles para que todos los regantes, con independencia del
territorio de dónde son, tengan el mismo acceso al agua. No debemos
olvidar que sin agua no hay agricultura y sin agua no hay trabajo en
buena parte de las poblaciones alicantinas.
En relación al
trasvase Tajo-Segura, LA UNIÓ indica que se trata de una norma
aprobada y muy clara sobre la que no se admite discusión. Mientras
se den las condiciones estipuladas sobre la situación de los
embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) para atender
las necesidades hídricas de las cuencas receptoras, “no hay nada
más que hablar, sino cumplir con la ley, y dejar de enfrentar
territorios por un puñado de votos”.
Paralelamente a
estas aportaciones de agua y al funcionamiento del Júcar-Vinalopó,
LA UNIÓ sí que apunta a la urgencia de poder contar también con
nuestros propios recursos hidrológicos lo más pronto posible porque
depender de condicionantes ajenos resulta bastante peligroso y a los
cultivos “no se les puede pedir que esperen”.
En este sentido,
insiste en la reutilización integral de las aguas depuradas pues
únicamente se aprovecha en la actualidad un 10%, en unos precios
adecuados del agua desalada para el sector agrario, en el
aprovechamiento de las aguas de acuíferos confinados profundos y que
las Confederaciones Hidrográficas del Segura y el Júcar faciliten
los datos y en la aplicación de la desalobración para todas
aquellas aguas que lo requieran.
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