Las dos feministas juzgadas en València a raíz del 8-M de 2018 no serán sancionadas porque las sentencias se consideran prescritas

Todos los juicios derivan de la veintena de multas impuestas por la Policía Nacional, bajo el amparo de la conocida como Ley Mordaza, durante las movilizaciones de las huelgas feministas del 8-M de 2018 y 2019

REDACCIÓN - 03/01/2022

Concentración 8M. EPDA

Las dos feministas que fueron juzgadas el pasado 20 de diciembre en València a raíz de su participación en la huelga feminista del 8-M de 2018 no serán sancionadas porque las sentencias de ambos procesos consideran prescritas las sanciones y libran de la multa a las encausadas.

Según ha informado este lunes la Assemblea Feminista de València, "estas dos sentencias constituyen la segunda vez que la justicia da la razón a las feministas, inmersas en un largo proceso judicial que se inició en 2020 con tres juicios, que ha continuado en 2021 con tres más, y que proseguirá en 2022 con tres citas más en los juzgados".

Todos los juicios derivan de la veintena de multas impuestas por la Policía Nacional, bajo el amparo de la conocida como Ley Mordaza, durante las movilizaciones de las huelgas feministas del 8-M de 2018 y 2019.

De los seis juicios ya celebrados, tres han tenido una resolución favorable a las feministas, han informado las mismas fuentes.

La sentencia del primer juicio, celebrado a septiembre de 2020, reconocía la parcialidad del atestado policial, puesto que incluía comentarios sobre el valenciano y la denominación País Valencià que no tenían nada que ver con los hechos, lo cual ponía en entredicho “la objetividad” de sus redactores, según las mismas fuentes.

En esta ocasión, las dos sentencias se basan en la prescripción de la sanción, pero desde la defensa se insiste en que tampoco había elementos probatorios suficientes que evidenciaran “la alteración de la seguridad ciudadana de que se acusaba las encausadas”.

Los otros tres juicios, en cambio, han condenado a las piqueteras encausadas. En cuanto a la sentencia del cuarto, celebrado el pasado 17 de noviembre, la abogada del colectivo afirma que “estamos estudiando la posibilidad de presentar un recurso, porque vulnera el derecho en la presunción de inocencia y hace una aplicación de la infracción excesivamente automática”.

De momento, las feministas han tenido que abonar cerca 7.000 euros de los 11.000 que supone el total de las sanciones, impuestas en la vía judicial una vez agotado todo el trámite de recursos posibles en la vía administrativa.

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