Las
últimas reformas laborales, deben ser derrogadas, porque
el modelo de relaciones laborales en nuestro país necesita de una
profunda transformación, lo que exige como primera medida la
derogación de los capítulos más sensibles de las reformas
laborales aprobadas por los últimos gobiernos.
Cuando se trata de legislar sobre uno de los ejes básicos de la
democracia como es el modelo de relaciones laborales, aquellos
partidos que aspiran a gobernar deberían ser más rigurosos y
valientes y dejarse de ocurrencias.
En un país con 5 millones de personas en paro, no se puede
actuar con meras sugerencias retóricas para intentar justificar su
negativa a derogar en la reforma laboral capítulos tan sensibles
como el despido. Decir que la prioridad no es la indemnización por
despido, sino el tipo de contrato y el salario, es ignorar la urgente
necesidad , de legislar la protección real y efectiva ante los
despidos, incrementando en caso de despidos ilegales o sin justa
causa, las indemnizaciones actuales por la pérdida del puesto de
trabajo, o ampliar los supuestos para que la ilegalidad del despido
lleve aparejada su nulidad y la readmisión del trabajador/a y, en
todo caso, extender esta protección a situaciones o colectivos que
actualmente no la tienen de forma automática.
Aún mas disparatada y poco reflexionada, es la idea de que las
indemnizaciones por despido sean objeto de acuerdo entre trabajadores
y empresarios. Eso es tanto como decir que la última palabra la
tendrá el empresario . Y en estos temas no se puede estar en misa y
repicando; o proteges a quien más lo necesita, o acabas favoreciendo
el liberalismo laboral, es decir, el actual desequilibrio de las
relaciones laborales.
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