Jesús Lecha portavoz del PP en Morella El
Partido Popular de Morella ha hecho un llamamiento al alcalde de la localidad,
el socialista Rhamsés Ripollés, para que no bloquee la solicitud de información
promovida por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón
como hace con las peticiones de información que formula el PP.
La decisión
del citado juzgado de reclamar los contratos que el consistorio ha formalizado
desde 1991 y hasta la actualidad con el hermano del presidente de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “debe contar con la máxima agilidad”. De
hecho, el contencioso otorga cinco días al consistorio para dar respuesta, “por
lo que esperamos que sea ágil. Nosotros llevamos meses esperando a obtener
información que hemos solicitado y que el PSOE se niega a facilitarnos de forma
escandalosa”.
Jesús
Lecha, portavoz del PP en Morella, lamenta “la opacidad y falta de talante
democrático por parte del PSOE en la localidad”. “Administran el consistorio
como si fuera su empresa, y ni es su empresa ni tampoco la sede del PSOE, por
lo que esperamos que en esta ocasión que es la Justicia la que reclama esta
información atiendan la petición a la mayor brevedad”.
El objetivo
del juzgado es arrojar luz sobre la concesión de subvenciones a Francis Puig,
hermano del presidente, y para ello reclama las facturas tramitadas desde el
año 1991 hasta la actualidad. Precisamente, entre 1995 y 2012 fue Ximo Puig el
alcalde de Morella, “con lo que esperamos que Rhamsés Ripollés otorgue ahora
toda esta información a la que se negó inicialmente porque ahora se lo pide la
justicia, no el PP”.
De hecho,
la investigación arranca después de que el PP presentara el pasado febrero una
petición de información por registro de entrada en Les Corts Valencianes para
conocer la relación de contratos y las ayudas concedidas a Comunicació dels
Ports, Mas Mut Produccions, Kriol Produccions y Canal Maestrat, sociedades
vinculadas al hermano del presidente de la Generalitat y a sus socios (Adell
Bover). La negativa del consistorio a facilitar esta documentación propició que
el PP elevara un recurso por vulneración de derechos fundamentales ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que dejó en
manos de Castellón la citada investigación. “Ahora vuelve a solicitarse dicha
información al alcalde. Esperemos que dado que es la Justicia, Ripollés no se
niegue a colaborar”.
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