Las últimas
            decisiones a nivel normativo tomadas por las
            administraciones públicas representan
            un duro revés a todos los que amamos y vivimos la
            recuperación y protección de
            nuestro patrimonio. Nuestro país nunca ha destacado en
            políticas de protección
            patrimonial y menos en políticas de protección de los
            oficios tradicionales, ni
            de las empresas de restauración o restauradores de los
            bienes patrimoniales.
        Por un lado, la
            nueva Ley de Contratos del sector público está redactada de
            tal forma y
            carácter que únicamente favorece a las grandes empresas
            constructoras que contratan
            con la administración todo tipo y clase de obras. Esta
            práctica dificulta
            enormemente el acceso a las licitaciones públicas de los
            profesionales
            autónomos y las pequeñas empresas de restauración,
            especialmente formados en
            conservación-restauración de bienes culturales.
        En nuestra
            ciudad puedo asegurar que las ultimas restauraciones
            licitadas y contratadas
            por este método han sido un absoluto desastre y nuestras
            protestas no servirán de
            nada una vez más. El principal problema de la anterior ley
            era la contratación
            a la baja económica sin fomentar la excelencia. Se suele dar
            la circunstancia
            que para arreglar el desastre suelen acabar los trabajos
            contratados estas
            pequeñas empresas de restauración a un precio y salario de
            miseria.
        Por otro lado,
            la esperada ley de Mecenazgo de la Comunidad Valenciana que
            debería de impulsar
            otro tipo de financiación que complementara la prácticamente
            única que es la
            realizada con dinero público, se queda en premiar el
            prestigio personal de
            millonarios protectores que obtienen todo tipo de beneficios
            fiscales. Sólo
            cuenta el dinero. Aquellos que realizan labores
            desinteresadas como el
            voluntariado o la publicación desinteresada de su trabajo
            para fomentar la
            lengua valenciana, o incluso la persona que con su esfuerzo
            está obligado por
            ley a recuperar la fachada de su vivienda en cualquier
            núcleo histórico protegido,
            queda fuera del más mínimo beneficio por su contribución a
            la protección de
            nuestra herencia cultural.
        El gran esfuerzo
            realizado por nuestro Ayuntamiento en la recuperación se ve
            pisoteado por este
            tipo de decisiones administrativas autonómicas y nacionales.
            Mal, muy mal se
            presenta el panorama de la gestión patrimonial con estas
            decisiones mientras en
            los países de nuestro entorno se valora enormemente la
            profesionalidad y
            garantizan el uso y acceso de los bienes patrimoniales y
            culturales recuperados
            para facilitar su sostenibilidad, así como su difusión y
            disfrute por parte de
            la ciudadanía.
									
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