L'Horta Nord recibirá 1,7 millones de euros del nuevo Modelo de Servicios Sociales

División de recursos en la comarca. EPDA

La comarca de l’Horta Nord recibirá un total de 1.689.880 euros en concepto del nuevo Modelo de Servicios Sociales de la Diputación de Valencia, el cual fue presentado la semana pasada por parte de la Corporación provincial. Esta cantidad supone el incremento del 97% de la aportación de la Diputación en la comarca durante el período comprendido entre 2015 y 2017.

La inversión total a través de este plan de atención primaria, de 9,4 millones de euros, ha triplicado en apenas dos años la partida destinada por el anterior equipo de gobierno a esta asistencia social básica. El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, presentaron ante decenas de alcaldes y alcaldesas el nuevo modelo de la institución provincial.

En el caso de la mancomunidad Horta Nord supone una inyección de 679.561 euros, cifra especialmente significativa puesto que no había recibido hasta el momento asignación para los servicios sociales. La mancomunidad de Carraixet, por su parte, percibirá 139.427 euros. Además, la corporación destina 57.431 euros para el municipio de Alfara del Patriarca, 134.758 en Almàssera, 182.349 en El Puig, 180.170 en Foios, 39.635 en Rocafort, y 191.421 para Tavernes Blanques.

La inversión por programas

Por programas, los 57.431 euros destinados en Alfara del Patriarca se dividirán en 27.232 para el refuerzo del equipo técnico y 6.750 euros para prestaciones individualizadas, 2.749 para casos de pobreza energética, 16.500 para el programa de ayuda a domicilio, 900 euros para los llamados clubes de convivencia, 300 para cooperación social y 3.000 euros para actuaciones de prevención e inserción social. Por su parte, Almàssera dedicará 59.390 euros al refuerzo del equipo profesional, 26.250 en prestaciones económicas individualizadas, 12.418 para acabar con el empobrecimiento energético, 27.000 en el programa de ayuda a domicilio, 1.200 para los llamados clubes de convivencia, y 8.500 para actuaciones de intervención para la prevención e inserción social. El Puig invertirá 85.087 para el refuerzo del equipo técnico, 26.250 para prestaciones individualizadas, 8.362 para casos de pobreza energética, 45.000 para el programa de ayuda a domicilio, 1.650 euros para los llamados clubes de convivencia, 1.000 para cooperación social y 15.000 euros para actuaciones de prevención e inserción social. Foios hará una inyección de 85.087 para el refuerzo del equipo técnico, 30.000 euros para prestaciones individualizadas, 11.383 para casos de pobreza energética, 37.500 para el programa de ayuda a domicilio, 1.200 euros para los llamados clubes de convivencia, y 15.000 euros para actuaciones de prevención e inserción social. En el caso del municipio de Rocafort, se hará una inversión de 69.813 para el refuerzo del equipo técnico, 18.750 euros para prestaciones individualizadas, 5.000 para casos de pobreza energética, 30.000 para el programa de ayuda a domicilio, 900 euros para los llamados clubes de convivencia, 300 para cooperación social y 6.000 euros para actuaciones de prevención e inserción social. Por último, Tavernes Blanques invertirá 71.471 para el refuerzo del equipo técnico, 500 para la partida de información y asesoramiento, 33.750 para prestaciones individualizadas, 16.000 para casos de pobreza energética, 52.500 para el programa de ayuda a domicilio, 1.650 euros para los llamados clubes de convivencia, 550 para cooperación social y 15.000 euros para actuaciones de prevención e inserción social.

En cuanto a las dos mancomunidades, la de l’Horta Nord contará con 679.561 euros que serán distribuidos de la siguiente manera: 287.242 para el equipo social base, 6.317 para el centro social, 2.750 para información y asesoramiento, 155.787 para prestaciones económicas individualizadas, 42.510 para reducir el empobrecimiento energético, 112.500 para el programa de ayuda a domicilio, 3.777 para los llamados clubes de convivencia y 68.678 para intervención para la prevención e inserción social.

Por último, los 139.427 euros otorgados a la mancomunidad de Carraixet se distribuirán entre el refuerzo del equipo técnico (75.677), prestaciones económicas individualizadas (18.000), la lucha contra la pobreza energética (6.000), el servicio de ayuda a domicilio (30.750), cooperación social (1.000) y las actuaciones de intervención para la prevención e inserción social (8.000).

La apuesta de la Diputación por los servicios sociales

Las cifras evidencian la apuesta de la Corporación que preside Rodríguez por los temas sociales, ya que, pese a la disminución de la aportación estatal en el presupuesto del presente año y la dotación de 20,6 millones para el Fondo de Cooperación Municipal, se ha duplicado respecto a 2016 la partida para atención social básica en los municipios y se han habilitado nuevas líneas para el mantenimiento de colegios, con 7 millones de euros, y construcción de centros sociales, con otros 5,6 millones, además de la partida de 15,5 millones para Bienestar Social y Educación.

En palabras de la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, “hemos pasado de un modelo asistencial-burocrático a un modelo de responsabilidad pública basado en la prevención y la justicia social”. Esta idea se expresa también en datos, como el ratio de profesionales de atención en los Servicios Sociales Municipales, que ha pasado en dos años de uno por cada 5.400 habitantes a uno por cada 2.800 habitantes.

El aumento de los equipos sociales de las mancomunidades y ayuntamientos que se ha venido produciendo con el incremento de las ayudas de la Diputación no es el único ámbito en que se ha mejorado esta asistencia social para los municipios de menos de 10.000 habitantes. El área de Inclusión Social que dirige Rosa Pérez Garijo ha multiplicado por 7 la financiación del refuerzo administrativo municipal en asistencia social, y se ha apoyado la movilidad de los profesionales con subvenciones a 22 entes locales, cuando en 2015 no existía este tipo de subvención.

Para el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, estas cifras demuestran que “desde el primer minuto de la legislatura decidimos que el eje principal de la gestión de este gobierno debía ser hacer política para las personas, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de los municipios valencianos y por supuesto para garantizar los servicios básicos y cubrir las necesidades de las personas más vulnerables”.

En cuanto a este nuevo modelo de Servicios Sociales, Rodríguez ha destacado que “lo realmente importante es prevenir esas situaciones de vulnerabilidad social y pobreza, antes que llegar a extremos de desigualdad que rechazamos desde esta institución, en la que los parámetros de objetividad e igualdad se aplican en las distintas áreas para que ninguna persona se quede en el camino”.

Líneas de actuación

Los 9,4 millones de euros que la Diputación ha destinado este año a estos Servicios Sociales básicos en municipios de menos de 10.000 habitantes se invierten, entre otras líneas de actuación, en el pago de salarios al personal de los equipos sociales de base; el mantenimiento de los centros sociales; y programas de prestaciones básicas como la pobreza energética, la atención familiar a menores en riesgo de exclusión, el fomento del asociacionismo y el voluntariado o la prevención de la exclusión social y sus causas.

También se presta atención a las estructuras técnicas de los ayuntamientos y los ratios de atención de los profesionales, teniendo en cuenta las crecientes competencias que asumen los municipios en materia social; la supervisión de la profesionalidad de los trabajadores sociales; el estudio de la realidad social de cada municipio para aprovechar mejor los recursos disponibles; y la contribución a las iniciativas de revitalización del medio rural, pasando del asistencialismo al desarrollo comunitario y la participación social.

La titular de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, ha insistido en que el objetivo es “consolidar una red básica de protección social, avanzando hacia una atención personalizada y de calidad que supere el modelo tramitador y posibilite la verdadera inclusión social, para que nadie quede excluido de una vida digna”.